La morosidad crediticia volvió a deteriorarse durante julio y alcanzó nuevos máximos entre las familias argentinas. De acuerdo con una estimación de la consultora 1816, elaborada a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), 5,9 millones de personas registran deudas familiares en situación irregular, una cifra equivalente al 28% de quienes poseen algún crédito en el país.
El informe consideró como irregulares aquellos préstamos con más de 90 días de atraso. Bajo ese criterio, la mora total correspondiente al sector privado no financiero pasó del 7,63% en junio al 7,73% en julio, luego de la leve disminución observada durante el mes anterior.
El mayor deterioro volvió a concentrarse entre los hogares. La proporción de créditos familiares en situación irregular aumentó del 12,77% al 12,94%, mientras que entre las empresas pasó del 3,50% al 3,61%.
Sin embargo, el incremento del indicador no respondió exclusivamente a un crecimiento acelerado del monto de las deudas impagas. Según el análisis privado, también incidió la reducción real del stock de créditos otorgados a las familias: al disminuir el volumen total de financiamiento, las obligaciones morosas pasan a representar una proporción mayor.
Otro de los indicadores que exhibió el deterioro de la situación financiera de los hogares fue el crecimiento de las refinanciaciones. El saldo de deudas refinanciadas llegó a representar el 3,7% del crédito total otorgado a las familias, mientras que en el caso de las empresas alcanzó el 0,8%. Ambos niveles se encuentran entre los máximos registrados en décadas.
Solamente los hogares acumularon alrededor de $2,6 billones en obligaciones refinanciadas. Este mecanismo puede contribuir a reducir los niveles de mora en los meses siguientes, aunque sus efectos no son inmediatos debido a que los deudores necesitan cumplir varios pagos consecutivos antes de recuperar una situación crediticia regular.
La tendencia fue generalizada dentro del sistema bancario. La consultora detectó que la mora familiar aumentó durante julio en 23 de las 30 principales entidades financieras analizadas de acuerdo con su volumen de préstamos a hogares.
El escenario resulta aún más complejo entre las entidades no financieras, categoría que incluye a billeteras virtuales, emisoras de tarjetas y otras compañías dedicadas al otorgamiento de créditos.
En este segmento, el nivel de morosidad correspondiente a las familias alcanzó el 33,69% durante julio. Tarjeta Naranja y Mercado Pago concentran conjuntamente alrededor del 54% de las financiaciones familiares otorgadas por este tipo de entidades.
Aunque el sistema financiero tradicional concentra el 65% del monto total de deuda irregular, la cantidad de personas con atrasos es mayor fuera de los bancos. El relevamiento contabilizó 4,2 millones de deudores morosos en entidades no financieras y alrededor de 3 millones en bancos y financieras.
Las cifras no pueden sumarse directamente, debido a que una misma persona puede tener obligaciones atrasadas simultáneamente en ambos segmentos.
El relevamiento también permitió dimensionar el monto de las obligaciones pendientes. La deuda promedio entre quienes presentan mora alcanza los $4,8 millones dentro de las entidades financieras y $1,2 millones entre las no financieras.
No obstante, la mediana arroja una realidad diferente: al considerar ambos sistemas, la mitad de los deudores con créditos irregulares adeuda menos de $626.000. El indicador refleja el peso que pueden adquirir obligaciones de montos relativamente bajos dentro de los presupuestos familiares.
El informe vinculó ese escenario con los ingresos de los hogares y señaló que la mitad de la población que percibe ingresos recibe menos de $800.000 mensuales.
En términos regionales, la Argentina presenta una morosidad elevada en relación con el volumen total del crédito, cercana al 7,7%. Sin embargo, el reducido tamaño del sistema financiero argentino atenúa el impacto sobre el conjunto de la economía: los créditos irregulares representan aproximadamente el 1,1% del Producto Bruto Interno, por debajo de los niveles observados en varios países latinoamericanos.





