El planteo fue formulado por Martín Halty, empresario y coordinador de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) en Misiones, quien sostuvo que la presión de los organismos recaudadores está complicando el funcionamiento cotidiano de empresas que ya llegan con escaso margen de maniobra.

Según explicó, conoce casos de empresarios que adeudan uno o dos períodos de IVA o de cargas sociales y reciben embargos sobre sus cuentas. El problema, señaló, no se limita a la inmovilización de fondos: una medida de ese tipo también puede trabar cheques, cerrar canales de financiamiento y terminar profundizando la crisis de una firma que ya venía trabajando con ventas deprimidas.

Por eso, Halty consideró que una de las primeras medidas que podría adoptar el Gobierno nacional para aliviar a las PyMEs sería flexibilizar los embargos fiscales en situaciones de atraso breve, algo que, a su criterio, podría instrumentarse de manera inmediata y sin costo fiscal directo.

“No está siendo considerado con la situación que atraviesan los empresarios”, cuestionó, al remarcar que una deuda de apenas uno o dos meses puede convertirse rápidamente en un obstáculo para continuar operando.

El consumo sigue cayendo

El reclamo aparece en un escenario donde, según el diagnóstico de ENAC, la actividad no encuentra un piso. Halty afirmó que la caída del consumo se sigue profundizando y citó como referencia los datos de julio, cuando alimentos, bebidas y consumo masivo registraron una baja intermensual del 3,6% y una caída del 2,5% frente al mismo mes del año anterior. A nivel nacional, ubicó el retroceso acumulado en torno al 3%.

En Misiones, en cambio, sostuvo que las caídas rondan el 10% en consumo masivo, una diferencia que atribuyó a la combinación entre menor poder de compra y pérdida de competitividad frente a los países vecinos.

También señaló que el deterioro empieza a reflejarse con claridad en la recaudación de impuestos directamente vinculados con la actividad económica, como el IVA y el impuesto a los débitos y créditos. Según afirmó, en agosto la recaudación interanual de IVA cayó alrededor de 6%, lo que para el empresario anticipa que el mes habría profundizado la tendencia negativa observada previamente.

Frontera, impuestos y precios

Para Halty, Misiones enfrenta un escenario particularmente complejo por su condición fronteriza. La diferencia de precios con Paraguay y Brasil, explicó, continúa desviando consumo hacia los países vecinos, mientras las empresas locales deben sostener una estructura impositiva que, a su entender, les impide competir en igualdad de condiciones.

Como ejemplo, aseguró que el IVA argentino duplica al de Encarnación y agregó que también pesan Ganancias e Ingresos Brutos. Sin embargo, marcó una diferencia respecto de otras crisis fronterizas. Según contó, comerciantes paraguayos le manifestaron que en ese país también empiezan a sentir el impacto de la retracción argentina.

La explicación está en el cambio del comportamiento de los compradores. Halty señaló que los argentinos ya no cruzan masivamente para adquirir televisores, celulares o aires acondicionados como en otros momentos de tipo de cambio muy favorable. Ahora, dijo, van a buscar “lo justo y necesario”, principalmente aquello que permite estirar el presupuesto mensual.

Aun así, las diferencias persisten. En el caso del combustible, indicó que la brecha llegó a ser de casi 500 pesos y actualmente ronda los 250, una reducción que vinculó con el aumento de precios registrado en Paraguay. También aseguró que todavía se mantiene una diferencia apreciable en alimentos, bebidas sin alcohol y otros productos de consumo cotidiano.

Una ley de emergencia que no avanza

En paralelo, la esperada Ley de Emergencia PyME continúa sin avances. Halty afirmó que la iniciativa ni siquiera consiguió dictamen y describió el tratamiento como completamente trabado.

Frente a esa falta de respuestas legislativas, insistió en que la Nación tiene otras herramientas disponibles para evitar que más empresas lleguen al cierre. Además de revisar los embargos, planteó la necesidad de reactivar la obra pública y recomponer salarios, dos variables que, según explicó, tendrían impacto directo sobre la demanda interna.

En ese sentido, citó datos sobre poder adquisitivo y sostuvo que el salario registrado acumula una caída del 8,2% desde noviembre si se lo compara con el IPC actual. Según su cálculo, si se utilizara la metodología de una canasta con mayor ponderación de servicios, la pérdida llegaría al 12,9%.