El Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Agencia de Regulación y Control de la Actividad Financiera (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) están trabajando en los detalles finales del decreto que implementará esta medida. La principal premisa de esta política es «facilitar que los dólares del colchón ingresen al sistema sin comprometer a aquellos que ahorraron de buena fe».

Fuentes oficiales explicaron que “el peor enemigo del sistema antilavado es el efectivo”. Por ello, la medida apuntará a reducir la circulación de billetes no registrados y a fomentar la bancarización de los dólares no declarados. El Gobierno aclaró que solo se perseguirán los fondos provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico o la corrupción, mientras que los ahorros de «los argentinos de bien» estarán protegidos.

El papel del GAFI y las recomendaciones internacionales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que se encarga de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El Gobierno se comprometió a seguir las recomendaciones del GAFI y garantizar que todos los fondos que ingresen al sistema provengan de fuentes lícitas.

Según lo explicado por funcionarios, se planea que quienes utilicen los fondos no declarados deberán presentar una declaración sobre el origen legítimo del dinero. Esta declaración será un requisito básico para el acceso a los beneficios del nuevo esquema.

El objetivo económico

En el marco del evento Latam Economic Forum, el presidente Milei destacó que la medida busca «darle nafta» a la economía mediante la circulación de dólares. “Los dólares que están fuera del sistema se pueden usar para que el país crezca”, dijo. También agregó que la medida no debe verse como un blanqueo, sino como un paso para relajar las exigencias de información y permitir que los ciudadanos puedan usar su dinero de manera legítima sin que este sea perseguido por las autoridades.

El nuevo esquema no modificará las leyes vigentes, como la ley penal tributaria o la cambiaria, ya que cualquier cambio en ellas requeriría un trámite legislativo. El proyecto está enfocado en flexibilizar los controles para aquellos que utilicen dólares con fines de consumo y no de atesoramiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el GAFI.

El presidente Milei expresó que los argentinos que guardaron dólares en sus hogares no deben ser considerados delincuentes, sino personas que fueron afectadas por «el impuesto inflacionario». “Queremos que la gente ingrese los dólares, compre lo que quiera y que no deje los dedos marcados para que después los vayan a perseguir”, afirmó Milei. A su vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó que “hay USD 200.000 millones en los colchones” y destacó la importancia de utilizar esos dólares para sostener el ritmo económico del país.