La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción, en la madrugada de este jueves, a la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2027, con modificaciones que fortalecen las garantías para los beneficiarios. El aporte del presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, fue clave para alcanzar un dictamen superador y reunir una amplia mayoría parlamentaria.

Tras un extenso debate, la iniciativa se aprobó con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, y pasó al Senado. Durante el tratamiento, distintos referentes parlamentarios destacaron la tarea de Herrera Ahuad, quien trabajó sobre las demandas de asociaciones y colectivos de discapacidad y negoció con otros espacios políticos para incorporar cambios sustanciales al proyecto.

El objetivo central fue blindar los derechos de las personas con discapacidad con garantías concretas, reglas claras y respaldo presupuestario*, para evitar que la prórroga de la emergencia quedara limitada a una declaración formal sin herramientas suficientes para sostener las prestaciones.

Uno de los aportes más relevantes fue la incorporación de garantías presupuestarias. El texto establece que las futuras leyes de presupuesto deberán contemplar créditos suficientes para asegurar la sostenibilidad del sistema y que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. También prevé las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la continuidad de las prestaciones.

En materia de pensiones, las modificaciones precisan los requisitos de acceso y establecen que la evaluación socioeconómica deberá considerar los ingresos individuales, y no los del grupo familiar. Además, incorporan la compatibilidad de la pensión por discapacidad con el trabajo registrado o la inscripción tributaria, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si se supera ese límite, la prestación se suspenderá mientras dure esa situación, con posibilidad de solicitar su rehabilitación cuando vuelvan a cumplirse las condiciones previstas.

Otro punto central es la protección de la salud. El proyecto reconoce el derecho de los titulares de las pensiones contempladas a contar con un programa médico que garantice las prestaciones básicas establecidas en la legislación vigente.

Las modificaciones también incorporan garantías para los procedimientos de auditoría. Antes de avanzar con medidas que afecten una pensión, se deberán verificar los requisitos objetivos, notificar fehacientemente al beneficiario y permitirle ejercer su derecho a descargo. Además, se contempla la posibilidad de solicitar la rehabilitación provisoria del beneficio mientras se resuelve la situación.

El dictamen también fija plazos para completar el pago de compensaciones pendientes a prestadores de servicios para personas con discapacidad. Establece que el cronograma deberá publicarse dentro de los 30 días de la entrada en vigencia de la ley y prever la cancelación total en un plazo de 90 días para quienes hayan completado los trámites correspondientes.

Durante su intervención en el recinto, Herrera Ahuad explicó que su bloque mantenía diferencias de fondo con el texto original, pero consideró necesario introducir las precisiones que permitieran superar las zonas grises de la normativa, dar previsibilidad y fortalecer la protección de las personas con discapacidad.

El legislador remarcó el trabajo realizado con las organizaciones del sector y reclamó que sus propuestas fueran incorporadas al dictamen. La estrategia combinó el diálogo con los colectivos afectados, la revisión de los mecanismos de acceso y control de las prestaciones y la búsqueda de garantías presupuestarias para hacer viable la aplicación de la ley.

“Hoy es el momento de que todos volvamos a mostrar a la sociedad que desde la política está la herramienta necesaria para poder brindar esas respuestas”, sostuvo Herrera Ahuad al cerrar su exposición.

La media sanción representa un avance legislativo para extender la emergencia hasta fines de 2027 con mayores garantías para los beneficiarios y los prestadores. Con el proyecto en el Senado, el desafío será convertir esas modificaciones en una norma que proteja efectivamente los derechos, sostenga las prestaciones y brinde previsibilidad a las personas con discapacidad y sus familias.