En
materia educativa es indispensable contar con información confiable, evaluar
los aprendizajes, organizar adecuadamente las instituciones, garantizar la
libertad de enseñar y exigir transparencia en la utilización de los recursos.
Pero sería equivocado suponer que estas responsabilidades comienzan ahora o que
nuestro sistema educativo carece de instrumentos para cumplirlas.
Misiones
ha desarrollado, a lo largo de décadas, organismos, normas, registros,
mecanismos de evaluación y procedimientos de control. Reconocer su existencia
no significa negar las deficiencias que deben corregirse. Significa algo más
elemental: ninguna transformación seria puede edificarse sobre el
desconocimiento de la experiencia institucional acumulada.
Existe,
además, una cuestión anterior a toda reforma administrativa: ¿para qué
educamos? Una política educativa no se justifica solamente por su capacidad de
producir estadísticas o distribuir recursos, sino por los conocimientos, las
capacidades, los valores y las oportunidades que ofrece a las nuevas
generaciones.
Desde
1996 se realiza el Relevamiento Anual, que comprende establecimientos de
gestión estatal y de gestión privada. En Misiones, la Dirección de Planeamiento
Educativo produce estadísticas e indicadores sobre matrícula, instituciones,
niveles, modalidades y distribución territorial; también elabora informes,
anuarios y mapas educativos. El Relevamiento Anual 2026 constituye una
manifestación concreta de esta actividad.
La
información escolar no se limita a cifras globales: las instituciones llevan
registros de inscripción, asistencia, trayectoria, acreditación y promoción.
Los procesos de nominalización e integración de bases de datos ofrecen
posibilidades adicionales para seguir recorridos educativos, detectar
situaciones de riesgo y orientar decisiones, siempre con protección de los
datos personales.
Es
razonable modernizar los sistemas y evitar que una misma información deba
declararse repetidamente en distintas plataformas. También es deseable mejorar
la interoperabilidad y la actualización oportuna de los registros. Pero
perfeccionar los instrumentos de información no equivale a afirmar que hoy se
educa sin conocer cuántos alumnos hay, dónde estudian o cuáles son sus
necesidades.
Contar
tiene sentido cuando los datos permiten anticipar la deserción, acompañar
trayectorias, prever infraestructura, distribuir apoyos pedagógicos y asegurar
oportunidades reales de aprendizaje.
La
evaluación integra desde siempre la tarea docente y la organización académica.
A ella se agregan los operativos nacionales Aprender, las evaluaciones
institucionales y los estudios internacionales, que aportan información
complementaria sobre el sistema. La cuestión decisiva no es si se mide, sino
qué se hace con los resultados.
Los
resultados de Aprender 2025 muestran una realidad que debe analizarse sin
triunfalismos ni negaciones. En sexto grado de Misiones, el 72,9% de los
estudiantes evaluados alcanzó desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua;
en Matemática, ese porcentaje fue del 46,5%. El primer indicador representa un
avance respecto de 2023, mientras que el segundo expresa una dificultad
persistente que exige respuestas pedagógicas específicas.
En
el plano nacional, PISA 2025 informó que entre los estudiantes argentinos de
quince años el 24% alcanzó al menos el nivel básico en Matemática, el 40% en
Lectura y el 41% en Ciencias. Estos resultados no describen exclusivamente a
Misiones, pero advierten sobre la magnitud del desafío argentino en los
aprendizajes fundamentales.
Por
eso, evaluar debe conducir a fortalecer la lectura comprensiva, la escritura,
el razonamiento matemático, el pensamiento científico, la formación docente y
el acompañamiento de quienes presentan mayores dificultades. Un resultado no
explica por sí mismo todas sus causas ni agota la calidad de una escuela. El
contexto social, la ruralidad, las trayectorias educativas y el esfuerzo de
cada comunidad también deben considerarse.
La
evaluación más útil es diagnóstica y formativa. No debería convertirse en una
competencia de clasificaciones simplistas entre instituciones, sino en una
herramienta para mejorar la enseñanza y orientar la ayuda hacia donde más se
necesita. Una escuela no es mejor porque acumula mediciones: es mejor cuando
utiliza lo que aprende de ellas para que sus estudiantes progresen.
La
educación misionera posee una estructura jurídica e institucional. Las normas
nacionales y provinciales, los regímenes docentes, los planes de estudio y las
disposiciones de supervisión fijan competencias y responsabilidades. En el
ámbito de la enseñanza pública de gestión privada, la Ley VI Nº 46 establece la
misión del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) y sus
atribuciones de asistencia, reglamentación, supervisión y control.
Las
instituciones cuentan con proyectos educativos, órganos de conducción y
procedimientos administrativos y académicos. Ello no significa que no existan
demoras, superposiciones burocráticas o inequidades. Significa que el camino
razonable es simplificar lo innecesario, coordinar mejor las dependencias y
corregir problemas concretos, no confundir dificultades de funcionamiento con
ausencia de organización.
La
Constitución provincial, en su artículo 41, ofrece una orientación
particularmente valiosa: la educación debe tener carácter fundamentalmente
nacional y específicamente regional; también contempla conocimientos prácticos
vinculados con el cooperativismo y las actividades agrotécnicas e industriales
según la realidad de cada lugar.
Por
eso, organizar adecuadamente la educación exige reconocer la diversidad de
Misiones. No tienen idénticas necesidades las escuelas de Posadas, las
comunidades de frontera, los establecimientos rurales o las Escuelas de la
Familia Agrícola, donde la pedagogía de la alternancia vincula estudio,
familia, producción y territorio.
La
planificación de cargos, recursos y servicios debe sustentarse en matrícula,
proyectos pedagógicos, modalidades y necesidades efectivas, respetando la
estabilidad, las competencias de cada organismo y los derechos de los
trabajadores. La eficiencia administrativa es indispensable, pero nunca debe
obtenerse a costa de la continuidad de los aprendizajes o de la seguridad
jurídica.
La
libertad de enseñanza forma parte de nuestra tradición constitucional. Los
artículos 40 y 41 de la Constitución de Misiones protegen el derecho de enseñar
y aprender y reconocen la posibilidad de elegir y sostener instituciones
educativas. En el plano nacional, el artículo 63 de la Ley 26.206 reconoce a
los agentes de gestión privada facultades para crear, administrar y sostener
establecimientos, nombrar y promover personal, formular propuestas de estudio y
aprobar proyectos institucionales conforme a su ideario, con sujeción a la
legislación educativa.
La
Ley VI Nº 46 también garantiza el funcionamiento de los institutos creados por
iniciativa privada y reconoce el derecho de las familias a elegir la educación
de sus hijos. El pluralismo que caracteriza a Misiones —instituciones
confesionales, comunitarias, cooperativas, urbanas y rurales— es una expresión
concreta de esa libertad.
Conviene
precisar que en las instituciones de gestión privada la facultad jurídica de
designar personal corresponde a las entidades titulares, a través de sus
órganos competentes. Los directores ejercen funciones esenciales de conducción
pedagógica y participan en las decisiones según las atribuciones que les
confiera la organización institucional. La autonomía no autoriza nombramientos
arbitrarios ni permite desconocer requisitos de idoneidad, legislación laboral
o derechos adquiridos.
La
experiencia histórica del desarrollismo argentino ofrece una enseñanza todavía
vigente. La ampliación de la libertad de enseñanza impulsada durante el
gobierno de Arturo Frondizi, junto con el fortalecimiento de la formación
técnica, mostró que la iniciativa social y la responsabilidad pública no tienen
por qué excluirse. Libertad educativa no es ausencia de reglas: es posibilidad
de crear, enseñar e innovar dentro de un orden que protege el derecho de todos
a aprender.
El
Estado conserva una responsabilidad indelegable como garante del derecho a la
educación; las familias, los docentes y las organizaciones sociales participan
activamente en su realización. La verdadera libertad amplía oportunidades y
fortalece proyectos, en lugar de debilitar el sentido común de pertenencia a un
sistema educativo.
El
uso de recursos públicos exige responsabilidad, documentación y control. Las
instituciones educativas privadas que reciben aportes del Estado provincial
están sometidas a mecanismos de supervisión del SPEPM y de rendición ante los
organismos competentes, incluido el Tribunal de Cuentas de Misiones.
La
capacitación sobre rendición de subsidios realizada conjuntamente por el
Tribunal de Cuentas y el SPEPM en agosto de 2026 es un ejemplo verificable de
una tarea institucional que ya se desarrolla: formar a los responsables de
administrar fondos y mejorar la calidad de las rendiciones.
Es
perfectamente razonable promover formatos públicos de información
presupuestaria más claros, oportunos y comparables, con protección de datos
personales y respeto por las diferencias entre instituciones y conceptos de
financiamiento. Pero hay que distinguir entre la existencia de obligaciones de
rendición, que no es nueva, y los modos de facilitar a la ciudadanía el acceso
a información consolidada.
La
transparencia debe traducirse en fondos trazables, controles eficaces,
corrección de irregularidades y mejor uso educativo de cada peso. Publicar
datos es valioso; administrarlos y verificarlos correctamente es indispensable.
El
sentido de la escuela no se agota en las planillas, la estructura de cargos ni
los resultados de las pruebas. Cada generación recibe una lengua, una historia,
instituciones, conocimientos científicos, expresiones artísticas y referencias
morales que no creó por sí sola. La educación tiene la responsabilidad de
transmitir esa herencia para que pueda ser comprendida, discutida y
perfeccionada.
Nuestra
tradición cultural reúne aportes de la filosofía griega, el derecho romano, el
pensamiento judeocristiano, el humanismo, la ciencia moderna y el
constitucionalismo, junto con contribuciones fundamentales de muchos otros
pueblos. Defenderla no supone idealizar el pasado ni rechazar el pluralismo:
supone estudiar con rigor sus conquistas y contradicciones, reconocer la
dignidad humana y enseñar a distinguir las razones de las consignas.
En
Misiones, esta tarea posee un contenido singular. La lengua española, nuestra
historia nacional y las instituciones republicanas conviven con las raíces
guaraníes, la cultura de las comunidades mbya, el legado jesuítico, las
tradiciones rurales, el cooperativismo y los aportes de las corrientes
inmigratorias. Educar en una identidad compartida no exige borrar esas
diferencias; exige comprenderlas como parte de nuestra trayectoria provincial y
argentina.
No
se trata solamente de enseñar acontecimientos históricos. La formación integral
reclama hábitos de lectura, escritura, argumentación, respeto, honestidad,
responsabilidad, disciplina intelectual y sensibilidad artística. También
requiere aprender a escuchar posiciones diferentes, investigar hechos y revisar
errores con autonomía de pensamiento.
Este
propósito no depende de una moda pedagógica: el artículo 3 de la Ley VI Nº 46
menciona expresamente la formación integral del educando y la transmisión de la
cultura y de los valores de nuestra nacionalidad. La Ley VI Nº 4 incluye la
enseñanza de las constituciones nacional y provincial, el cooperativismo, los
derechos humanos y la problemática del Mercosur.
Una
escuela verdaderamente libre no es la que renuncia a enseñar su patrimonio
cultural, sino aquella que lo transmite con profundidad y forma estudiantes
capaces de valorarlo y examinarlo críticamente.
La
educación no es un capítulo aislado de la realidad nacional. El pensamiento
desarrollista de Arturo Frondizi, Rogelio Frigerio y Antonio Salonia puso de
relieve su vínculo con la estructura productiva, la integración territorial, la
movilidad social y la soberanía económica. Ningún proyecto de desarrollo puede
sostenerse sin personas capaces de investigar, producir, innovar, emprender y
trabajar con responsabilidad.
Las
políticas de impulso a la educación técnica y la creación del Consejo Nacional
de Educación Técnica durante aquella etapa expresaron una convicción central:
el conocimiento debe conectarse con el trabajo y la producción. Esa orientación
merece ser actualizada para un mundo atravesado por la informática, la
inteligencia artificial, la transformación energética y los nuevos procesos
industriales.
Para
Misiones significa fortalecer la educación científica y técnica sin abandonar
las humanidades; vincular la formación con las actividades agroindustriales,
forestales, energéticas, ambientales, turísticas, cooperativas y de economía
del conocimiento; y apoyar experiencias como las Escuelas de la Familia
Agrícola, que integran formación y arraigo territorial.
Pero
sería un error concebir al estudiante únicamente como futuro trabajador. La
preparación para la producción debe convivir con la formación ética, cívica,
filosófica y cultural. El desarrollo auténtico no consiste solo en aumentar la
riqueza, sino en mejorar las condiciones de vida, ampliar capacidades y
fortalecer la cohesión social.
Esto
requiere un Estado que planifique estratégicamente, instituciones con
iniciativa propia, familias comprometidas y docentes respetados y bien
formados. La coordinación entre sector público y sociedad civil no debe
confundirse con la sustitución de uno por otro. Educar es una inversión
colectiva cuyo rendimiento se expresa en más conocimientos, mayor libertad real
y mejores posibilidades de progreso.
Un
sistema educativo no mejora por anunciar que comienza a contar, medir u ordenar
cuando esas funciones ya existen. Mejora cuando transforma los registros en
decisiones, las evaluaciones en enseñanza más eficaz, la organización en
escuelas que funcionan mejor, la libertad en proyectos responsables y el
control de los recursos en mayor calidad educativa.
Necesitamos
reforzar la alfabetización inicial y avanzada, la matemática, las ciencias, la
historia, la filosofía, la educación cívica, las artes y la lectura de buenas
obras; actualizar bibliotecas y laboratorios; capacitar a los docentes;
acompañar a las familias; y utilizar las tecnologías digitales y la
inteligencia artificial para profundizar el pensamiento, no para reemplazarlo.
La
evaluación de esos esfuerzos debe preguntar qué aprenden realmente los alumnos,
si pueden comprender y argumentar, si perseveran ante los problemas, si
respetan a los demás, si terminan sus estudios y si cuentan con herramientas
para continuar aprendiendo a lo largo de la vida.
Misiones
no necesita elegir entre organización y libertad, entre ciencia y cultura,
entre educación estatal y educación privada, ni entre responsabilidad pública e
iniciativa social. Necesita articular esas dimensiones mediante un proyecto
educativo de largo plazo, asentado en la realidad de sus comunidades y
vinculado con el desarrollo nacional.
En
Misiones se cuenta, se evalúa, se organiza, se ejerce la libertad de enseñanza
y se rinden cuentas. Todo ello puede y debe perfeccionarse. La discusión
verdaderamente importante es cómo lograr que cada niño y cada joven aprenda
más, conozca la cultura que recibió, piense con independencia, actúe con
responsabilidad y encuentre posibilidades reales de construir su futuro.
Porque
la misión más elevada de la educación sigue siendo la misma: enseñar, formar
personas libres y responsables, transmitir una herencia cultural valiosa y
preparar a las nuevas generaciones para desarrollar Misiones y engrandecer la
Nación.



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