La Cámara de Diputados de la Nación realizará este jueves una sesión especial convocada por la oposición para tratar el rechazo del DNU 70/2023, que ya fue rechazado por el Senado. En ese contexto, López Sartori advirtió que el debate parlamentario, aunque relevante, no alcanza por sí solo para resolver la situación institucional del organismo yerbatero.

“No confundamos responsabilidades ni ámbitos de decisión. El debate en el Congreso de la Nación es importante, pero hoy la solución concreta para el INYM está en manos del Presidente”, expresó el ministro.

El funcionario recordó que los productores misioneros consiguieron recuperar, a través de una extensa disputa judicial, las facultades que el decreto de desregulación firmado en diciembre de 2023 había quitado al instituto. Sin embargo, señaló que esa recuperación quedó nuevamente limitada por una decisión posterior del Poder Ejecutivo nacional.

“Los productores misioneros, mediante un gran trabajo y una extensa lucha judicial, lograron recuperar las facultades que el DNU 70/2023 le había quitado al Instituto. Sin embargo, el Gobierno nacional volvió a restringirlas mediante el Decreto 812/2025”, afirmó.

La distinción que plantea el ministro resulta central para comprender el escenario que enfrenta el sector yerbatero. El rechazo legislativo del DNU 70/2023 constituye una instancia dentro de la disputa por el alcance de la desregulación, pero no implica necesariamente la restitución automática de las atribuciones del INYM si existe otra norma vigente que limita su capacidad de intervención.

El precio de la yerba, en el centro de la discusión

La controversia tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento de la cadena yerbatera, especialmente en lo referido a la posibilidad de establecer mecanismos de regulación para el mercado de la materia prima.

Entre las atribuciones que el sector busca recuperar se encuentra la capacidad del INYM para intervenir en la determinación de precios de referencia para la hoja verde y la yerba mate canchada. Esa herramienta había sido parte de los mecanismos de regulación utilizados históricamente para establecer condiciones de negociación entre productores e industrias.

La pérdida de esas facultades se produjo en un contexto de fuertes tensiones por el precio que reciben los productores primarios, los costos de cosecha y secanza y la capacidad de los distintos eslabones de la cadena para sostener su actividad.

En ese escenario, la discusión sobre el futuro del instituto excede una cuestión administrativa. Para los productores, la capacidad regulatoria del organismo representa una herramienta para intervenir en una actividad caracterizada por una marcada desigualdad en el poder de negociación entre quienes producen la materia prima y quienes la industrializan y comercializan.

La posición de López Sartori apunta precisamente a diferenciar los alcances de la discusión parlamentaria de las decisiones que todavía puede adoptar el Ejecutivo nacional para modificar el marco regulatorio.

El reclamo al Gobierno nacional

El ministro sostuvo que el presidente Javier Milei cuenta con la posibilidad de revertir las restricciones establecidas por el Decreto 812/2025 sin necesidad de esperar una nueva secuencia de debates legislativos.

“Hoy no hacen falta meses de debates legislativos para revertir ese nuevo decreto. Con una sola firma del Presidente se puede resolver en un día lo que se pretende llevar a largos debates en el Congreso”, manifestó.

Y concluyó: “La responsabilidad política de dar ese paso es del Poder Ejecutivo Nacional”.

De esta manera, el funcionario misionero puso el foco en la responsabilidad del Gobierno nacional para restituir las atribuciones del organismo. Su planteo introduce un matiz en la discusión que se desarrollará en el Congreso: aun cuando la oposición consiga avanzar con el rechazo del DNU 70/2023, la situación del INYM dependerá también de la vigencia y los efectos de las disposiciones posteriores que modificaron su marco de actuación.

La sesión especial de Diputados será, por lo tanto, un nuevo capítulo de la disputa política e institucional en torno a la desregulación de la economía yerbatera. Pero, según la interpretación del ministro del Agro de Misiones, la posibilidad de que el instituto recupere plenamente sus herramientas de intervención requiere una decisión específica del Poder Ejecutivo nacional.