Panozzo, por su parte, describió una situación en la que las dificultades para sostener los compromisos fiscales se agravan cuando caen los planes de pago y se produce un nuevo bloqueo bancario. “Este agobio que tienen, la caída de los planes de pago que tienen y seguido a ello la traba con un embargo en cuenta operativa, complica mucho más la situación porque no se puede pagar la deuda, levantar los planes o cumplir con otros compromisos que también tienen como urgente, como por ejemplo el pago de haberes a los colaboradores”, sostuvo.
El titular de la CCIP explicó que el sector viene reclamando por distintas vías algún plan o modificación en la forma de aplicar estos procedimientos, con el objetivo de evitar que una medida destinada a recuperar deudas termine impidiendo que las empresas generen los recursos para pagarlas.
Demoras y costos para levantar embargos
A las restricciones para operar se suman los gastos legales y las demoras que implica recuperar el acceso a las cuentas. Fachinello señaló que el levantamiento de un embargo no es inmediato y que las empresas deben afrontar primero los honorarios de los abogados y los trámites correspondientes, un proceso que puede demandar varios días. Durante ese tiempo, las firmas deben buscar alternativas de financiamiento para cumplir con sus compromisos, aun cuando sus recursos están bloqueados.
El dirigente de Apicofom también cuestionó los requerimientos por obligaciones fiscales que se remontan a 2022, especialmente cuando los intereses acumulados y los nuevos recargos elevan las deudas hasta convertirlas en montos difíciles de afrontar. A su entender, las pymes familiares, muchas de ellas con dos o tres generaciones de actividad en Misiones, necesitan condiciones para continuar trabajando y ponerse al día con el fisco.
“No nos vamos a esconder a ningún lado. Creo que nos tienen que dar las posibilidades de seguir trabajando y pagar esta deuda. Es muy agresivo este sistema que están tomando”, expresó. Asimismo, consideró que el incremento de los embargos se hizo más visible durante las últimas semanas, aunque aseguró que la tendencia venía creciendo desde comienzos de año.
Alerta por la informalidad laboral
Otra de las preocupaciones planteadas por Fachinello es que las restricciones para operar formalmente terminen empujando a más empresas hacia la informalidad. Según advirtió, la falta de alternativas para sostener la actividad puede derivar en un crecimiento del trabajo precario, con consecuencias directas para los empleados, que pierden beneficios como el aguinaldo, las vacaciones y otras garantías del empleo registrado.
“Lo que vemos nosotros es la cantidad de gente que está mutando a la informalidad”, afirmó el titular de Apicofom, quien consideró que el fenómeno podría hacerse más evidente hacia fin de año. En ese marco, reclamó mayor acompañamiento político para atender las urgencias de las empresas y evitar que las dificultades financieras profundicen el deterioro de la actividad productiva y comercial.
Ambas entidades coinciden en la necesidad de revisar los mecanismos de cobro y ofrecer alternativas que permitan a las empresas cumplir con sus obligaciones sin quedar imposibilitadas de operar. El reclamo apunta a encontrar una salida que contemple tanto la regularización de las deudas fiscales como la continuidad de los negocios, el pago de salarios y el sostenimiento del empleo formal.