El Gobierno nacional apelará en los próximos días el fallo judicial que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional la cláusula del decreto con la que el Poder Ejecutivo había condicionado su puesta en marcha. La estrategia será impulsada por la Procuración del Tesoro, mientras en la Casa Rosada analizan además otras alternativas legales frente al impacto presupuestario de la medida.

La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, quien consideró inválida la referencia incluida en el Decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la Ley 27.795 a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento y habilitara las partidas necesarias. El magistrado entendió que esa condición operaba en los hechos como una nueva instancia de veto sobre una norma que ya había sido ratificada por ambas cámaras luego del rechazo al veto presidencial.

Desde el Ejecutivo ratificaron que la respuesta será judicial y descartaron, al menos por ahora, una instancia de negociación política con las universidades. En el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sostienen que cualquier modificación sobre las partidas deberá discutirse en el Congreso, especialmente porque el proyecto de Presupuesto 2027 ya fue enviado al Parlamento.

El argumento central del Gobierno vuelve a apoyarse en el impacto fiscal de la ley. Durante el expediente judicial, los representantes del Estado plantearon que su aplicación demandaría erogaciones superiores al billón de pesos y que ese gasto no previsto debería contar con una fuente específica de financiamiento. Según esa postura, corresponde al Poder Legislativo definir de dónde saldrán los recursos necesarios.

Cormick rechazó ese planteo al considerar que la propia ley contempla mecanismos para afrontar las erogaciones. En su resolución señaló que la norma habilita reasignaciones presupuestarias y prevé la utilización de mayores ingresos por recaudación corriente. También tuvo en cuenta que durante 2025 el Poder Ejecutivo realizó modificaciones presupuestarias mediante decretos y decisiones administrativas.

La sentencia responde a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reclamaron la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma comprende recursos destinados a salarios docentes y no docentes, becas estudiantiles, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.

La disputa judicial se arrastra desde fines de 2025. Antes de esta sentencia de fondo, la Justicia ya había dictado una medida cautelar que obligó al Estado a cumplir con artículos vinculados a la actualización salarial y las becas. Esa cautelar fue confirmada por la Cámara y posteriormente quedó firme cuando la Corte Suprema rechazó un recurso del Ejecutivo por no existir una sentencia definitiva.