El ex jefe de Gabinete de Milei, Manuel Adorni, transita los últimos días del plazo legal para presentar su descargo ante los tribunales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lidera la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, le exige al exfuncionario que aclare un desfasaje financiero en sus cuentas familiares y justifique la procedencia de fondos utilizados en operaciones inmobiliarias y refacciones de lujo.
La investigación judicial se aceleró tras la entrega de un informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). El documento, de 207 fojas, cruzó datos de las declaraciones juradas del exministro coordinador con registros de la propiedad, entidades bancarias, plataformas de criptomonedas y movimientos migratorios. Los números preliminares exponen que el grupo familiar de Adorni registró ingresos por un total de $229.752.283,20, pero sus gastos en pesos ascendieron a $272.820.832,20. Esta diferencia arrojó un saldo negativo de $43.068.549 sin justificación aparente.
El pliego de preguntas de la fiscalía intimó al exfuncionario a responder 20 puntos específicos sobre su evolución patrimonial desde que asumió su cargo en la gestión de Javier Milei hasta su renuncia el 27 de junio de 2026. Los investigadores pusieron el foco sobre erogaciones en moneda extranjera por un monto de USD 402.578,12 que no coinciden con los recursos lícitos declarados. Adorni argumentó en sus expresiones públicas que poseía medio millón de dólares en criptoactivos desde hacía una década, los cuales no había declarado con anterioridad bajo el concepto de “venta de activos”.
Ante esta versión, la fiscalía le exigió detallar qué bienes vendió, quiénes fueron los compradores, las fechas de las operaciones y la trazabilidad bancaria o bursátil de esos movimientos. Asimismo, la justicia requirió precisiones sobre la compra del lote 380 del Country Indio Cua, un inmueble de fin de semana que figura únicamente a nombre de su cónyuge, Bettina Angeletti. En esa misma propiedad se investiga el pago en efectivo de USD 245.000 al contratista Matías Tabar por refacciones integrales que incluyeron una cascada en la piscina y una parrilla de alto valor.
La defensa del exfuncionario, a cargo del abogado Matías Ledesma, solicitó al juez federal Ariel Lijo una extensión del plazo original de 15 días hábiles. El letrado fundamentó la prórroga en la necesidad de acceder a la totalidad de las pruebas, archivos y conversaciones que sustentan la acusación del fiscal, con especial interés en el contenido del celular del contratista Tabar. Si el magistrado considera que las explicaciones y los documentos aportados por Adorni no logran disipar las veinte inconsistencias señaladas, estará en condiciones de convocarlo a una declaración indagatoria. Con información de Infobae.
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