El reclamo apunta puntualmente contra 58 archivos que fueron entregados a la Justicia por el periodista Mauro Federico. Según los abogados de Spagnuolo, ese material no fue incorporado de manera adecuada al expediente ni puesto a disposición de las defensas.
La defensa, encabezada por Mauricio D'Alessandro y Pablo Parera, también cuestionó el modo en que el dispositivo fue sumado a la causa. Los letrados sostuvieron que no hay constancia del acta donde surja la recepción de ese pendrive respecto de su contenido, ni tampoco figura en el expediente principal o en el legajo de investigación un detalle de los archivos que contendría. A partir de ese argumento, pidieron que se suspenda el peritaje que lleva adelante la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería y que el dispositivo quede afuera del análisis técnico.

Qué material debería peritarse

El eje de la nueva presentación pasa por determinar qué material debe someterse al estudio forense. Para la defensa del exfuncionario, no es lo mismo las grabaciones que fueron difundidas públicamente que los archivos hallados dentro del pendrive entregado a la Justicia, ya que no existiría constancia de que ambos conjuntos coincidan.

Los abogados también remarcaron que, al momento de recibir el dispositivo, no se realizó un inventario ni se aplicó un mecanismo técnico que garantizara la integridad de la evidencia, y señalaron puntualmente la falta de un código de seguridad o "hash". Recordaron además que la Cámara Federal porteña había ordenado verificar el origen y la autenticidad de los audios difundidos en medios, pero sostuvieron que esa decisión no implicaba necesariamente analizar todo el contenido del pendrive. Por eso solicitaron que el estudio se limite a las grabaciones difundidas periodísticamente y que el dispositivo quede excluido de la pericia.

Otro frente judicial abierto

Este nuevo pedido se suma a una discusión que todavía sigue sin resolverse: Spagnuolo se había negado a entregar una muestra de su voz para que Gendarmería pudiera compararla con las grabaciones que se le atribuyen, con el argumento de que esa prueba vulneraría su derecho a no autoincriminarse. El juez Lijo ya rechazó ese planteo, que fue apelado ante la Cámara Federal porteña y aún espera resolución.

Mientras tanto, el peritaje sobre los audios continúa en marcha, con el objetivo de determinar su origen, autenticidad y una eventual manipulación. Ahora, Lijo deberá resolver también este nuevo planteo y definir si los 58 archivos del pendrive pueden formar parte del análisis forense o si, como pide la defensa, quedan afuera de la prueba.