La Justicia de Paraguay dio un paso clave en el expediente que investiga al expresidente Santiago Peña por presuntas irregularidades financieras. Durante un procedimiento ejecutado en su mansión de verano en la exclusiva zona de San Bernardino, a 50 kilómetros de Asunción, los fiscales a cargo de la causa descubrieron una bóveda secreta oculta detrás de una pared falsa.

El hallazgo sumó un nuevo capítulo a la situación procesal del exmandatario, quien permanece detenido en el Regimiento Escolta Presidencial luego de ser imputado por las operaciones vinculadas al Ueno Bank.

Los investigadores inspeccionaron la residencia de 1.015 metros cuadrados construidos sobre un predio de más de 5.000 metros cuadrados, una propiedad valuada en dos millones de dólares.

Según detallaron fuentes judiciales y medios paraguayos, la bóveda no pudo ser abierta durante el operativo porque contaba con “un sofisticado mecanismo de seguridad de origen israelí”, el cual incluiría un sistema de reconocimiento por iris.

Ante esta complicación tecnológica, los representantes del Ministerio Público no lograron acceder al contenido del habitáculo y mantendrán la estructura bajo resguardo judicial mientras avanzan los peritajes.

Préstamos millonarios y pesquisas en el celular

La investigación que lideran los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore busca esclarecer cómo se financió la construcción de la propiedad, edificada entre 2024 y 2025, período en el que Peña ejercía la jefatura de Estado.

Según se desprende de la causa, la documentación oficial reveló que el exmandatario recibió dos créditos simultáneos del Ueno Bank en mayo de 2024 por un monto total de 3.548 millones de guaraníes.

Las cuotas mensuales fijadas para devolver ese dinero ascendían a 239 millones de guaraníes, una cifra que equivale a seis veces el haber mensual que percibía como presidente.

El costo global de la obra demandó cerca de 7.700 millones de guaraníes, por lo que la Justicia busca determinar si existió una red de favorecimiento financiero o lavado de activos. En paralelo a la inspección en San Bernardino, el juez penal de Garantías Humberto Otazú confirmó otra medida clave al ordenar que se requisara el teléfono celular del propio Peña dentro de su lugar de detención.

La Fiscalía mantendrá bajo la lupa tanto los movimientos crediticios de la entidad bancaria como la residencia de verano para determinar la procedencia de los fondos y averiguar qué se oculta detrás de la puerta blindada.