El objetivo central de estas tratativas es desactivar el escándalo que estalló hace nueve meses, mediante un plan que consiste en resarcir en dólares a los damnificados a cambio de que retiren sus acusaciones contra el mandatario en los tribunales federales de Comodoro Py, según la información revelada por el diario La Nación basada en la confirmación de cinco fuentes distintas.

Las conversaciones informales comenzaron semanas atrás en Buenos Aires e involucran directamente a Santiago Viola, apoderado del sello electoral de La Libertad Avanza. El letrado se reunió con emisarios de los afectados en la Argentina por la operatoria que tiene como protagonistas al estadounidense Hayden Davis y a los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, iniciativa que el propio jefe de Estado impulsó con una publicación el pasado 14 de febrero.

En ese sentido, Viola contactó a los allegados de las víctimas a través de otro alfil del universo libertario: Darío Wasserman, vicepresidente del Banco Nación y esposo de la legisladora y coordinadora nacional de la campaña oficialista, Pilar Ramírez, con quien conforma una dupla muy cercana a los hermanos Milei; habría sido Wasserman quien facilitó el enlace entre los emisarios de los inversores y el abogado que reporta a la cúpula del gobierno.

El otro lado de la negociación

Del otro lado de la mesa de negociación, entre los interlocutores de Viola figura Gastón Douek, un consultor en comunicación y experto en redes sociales con trayectoria en Argentina, México y España. Douek colabora con el equipo legal que avanza contra el presidente Milei, respaldado en pruebas que él mismo define como “más que contundentes”, aunque se muestra abierto al diálogo.

Una de las fuentes al tanto de estas gestiones resumió la estrategia política y judicial en curso: “La premisa es que la Casa Rosada puede negar que buscan solucionar con dinero lo que pasó. Pero Viola cuenta con el aval de Karina para moverse”. En esa misma línea, la fuente agregó: “La idea es arreglar con los inversores para que, al no haber ‘estafados’, se caiga la acusación por ‘estafa’”.

El camino que explora Viola registra antecedentes: tras la apertura de la investigación penal en el país, cuando la defensa de Hayden Davis sondeó en los tribunales de Comodoro Py la posibilidad de extinguir la acción penal mediante la reparación integral del daño, evaluando devolver cerca de 100 millones de dólares para cerrar el proceso en su contra.

Al respecto, una fuente consultada en aquel momento planteó: “Hasta ahora sólo se presentaron unos pocos inversores ante la Justicia argentina, y por montos bajos, así que no habría problema por ese lado, aunque lo importante es determinar si la iniciativa [de depositar los fondos] es posible en sí”.

Dicha fuente profundizó sobre las complejidades del caso señalando que “ahora hay un choque de jurisdicciones”, para luego interrogarse: “En ese contexto, ¿dónde convendría que deposite Davis ese dinero? ¿En Estados Unidos o en la Argentina?”.