La Municipalidad de Puerto Piray llevó a la Justicia la disputa generada en torno a la calidad del agua potable de la localidad. La intendenta Mirtha Elizabeth Lezcano se presentó junto al abogado municipal Daniel Osvaldo Moschner en la comisaría local para formular una denuncia contra los concejales Adrián Duarte y Elizabeth Mercado, del bloque Juntos Podemos, por la elaboración y difusión de publicaciones que advertían sobre presuntas deficiencias en la potabilidad del suministro.

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Desde el Ejecutivo municipal calificaron como falsa la información difundida y sostuvieron que generó preocupación entre los vecinos. Moschner indicó que la presentación fue formulada bajo la hipótesis de una posible “intimidación pública”, figura contemplada en el artículo 211 del Código Penal. La eventual existencia de un delito y las responsabilidades correspondientes deberán ser determinadas por la Justicia.

La controversia se originó después de que el bloque Juntos Podemos difundiera resultados de muestras solicitadas al Laboratorio de Calidad de Aguas de la Universidad Nacional de Misiones. A partir de esos estudios, los concejales señalaron que existían parámetros que no se ajustaban a los establecidos para el consumo humano y mencionaron, entre otros indicadores, turbiedad, niveles de cloro residual y presencia de coliformes en uno de los puntos analizados.

El Municipio cuestionó la interpretación y difusión de esos resultados. Según la postura del Ejecutivo y de su asesor legal, una de las muestras que presentó contaminación fue obtenida desde una cañería cuyas condiciones no permitieron cumplir correctamente con el procedimiento habitual de extracción, mientras que otros análisis realizados sobre el sistema arrojaron valores aptos para consumo.

El planteo coincide con la explicación brindada desde el laboratorio que intervino en los estudios. El director del Laboratorio de Calidad de Aguas de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM, Jorge López, explicó que el punto que presentó el resultado bacteriológico desfavorable correspondía a un caño sucio y oxidado, donde no pudieron aplicarse las condiciones normales de esterilización y purga antes de recolectar el agua. Desde el laboratorio sostuvieron que las muestras obtenidas correctamente durante esa jornada dieron resultados aptos para consumo y que el punto cuestionado debería volver a evaluarse bajo las condiciones técnicas correspondientes.

La Municipalidad aseguró además que mantiene controles sobre las dos plantas de tratamiento y la red de distribución y sostuvo que el agua entregada a la población cumple con los parámetros exigidos para consumo humano. Según el Ejecutivo, también se incorporaron nuevos protocolos y equipamiento para fortalecer los controles del servicio.

La disputa se desarrolla en un contexto de reclamos vecinales y consultas por cuadros gastrointestinales registrados en Puerto Piray. Hasta el momento, los antecedentes difundidos no permiten establecer por sí solos una relación causal entre esos problemas de salud y el agua distribuida por la red, por lo que determinar su origen requiere una evaluación sanitaria específica.