En una reunión extraordinaria de Directorio celebrada en la sede del INYM en Posadas, funcionarios del Gobierno nacional expusieron un plan que, bajo la premisa de «modernizar normativas y eliminar la burocracia», busca despojar al Instituto de su área de Fiscalización para que esas funciones pasen a manos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El desembarco de los enviados de Nación se dio sin revelar un temario previo. Hasta Misiones llegaron Eugenio Marí, subsecretario de Reformas Estructurales, y Brenda Padilla Tanco, directora nacional de Planificación de Reformas Estructurales (ambos de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que dirige Federico Sturzenegger). A ellos se sumaron Martín Giaccio, subsecretario de Economías Regionales, y Martín Fernández, jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura de la Nación.

La «modernización» como bandera para el traspaso

El principal punto expuesto por la comitiva nacional fue el proyecto para que las resoluciones y funciones de control del INYM sean absorbidas por el SENASA, implementando los controles a través del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) y el Documento de Tránsito Sanitario.
Entre otros asuntos, se plantearon modificaciones tendientes a la digitalización de expedientes y al reemplazo del esquema de certificación del pago de la tasa de Inspección y Fiscalización que ya no se haría a través de una estampilla sino mediante un esquema de control digital basado en la adhesión de un sello codificado.

“Presionan para ‘modernizar’ las normativas del INYM. Que no haya control porque eso es burocracia. Y que SENASA básicamente se encargue de todo”, indicó el representante de Misiones en el INYM, Ricardo Maciel.

Explicó que el Área de Fiscalización es la columna vertebral operativa del INYM, encargada de auditar el cumplimiento de normativas en toda la cadena: desde el origen en las chacras hasta las góndolas. Además de verificar la calidad del producto según el Código Alimentario Argentino, esta área es la encargada de controlar la Tasa de Inspección y Fiscalización, a través de la «estampilla».

La estampilla es la principal fuente de recursos autónomos del Instituto. Con ella se financian desde investigaciones científicas e innovaciones tecnológicas hasta programas de asistencia a pequeños productores y campañas de promoción del consumo.

«El golpe final»: la advertencia de Misiones

Frente a esta avanzada, para Maciel, quitarle la fiscalización al INYM representaría, en la práctica, el “golpe final” para la institución. Sin la capacidad de auditar ni recaudar mediante su estampilla, el organismo quedaría reducido a una cáscara vacía, perdiendo toda su capacidad de acción y regulación en el territorio.
Este intento de traspaso se da en un contexto económico asfixiante para los productores. Tras las desregulaciones impulsadas desde diciembre de 2023 y la instauración de un modelo de libre mercado, los precios de la materia prima han caído sistemáticamente por debajo de los costos de producción.

Un vaciamiento progresivo

El plan de ceder controles al SENASA no es un hecho aislado, sino que parece coronar un proceso de desarticulación interna. Desde la asunción de Javier Milei la entidad ha sufrido drásticos recortes bajo el mismo argumento de “simplificar y agilizar los trámites”.

Se dejaron sin efecto las funciones de definición de precios mínimos para la hoja verde y la canchada, se derogaron resoluciones que buscaban proteger la calidad del cultivo —como la prohibición de cosecha en octubre y noviembre— y se eliminó la restricción que limitaba la compra de estampillas. Paradójicamente, la propia Gerencia de Modernización del INYM, que desde 2022 venía implementando herramientas de digitalización como el portal web y el Mapa Interactivo de Cultivos, fue degradada de rango provocando la renuncia de su titular.