La crisis que atraviesa la producción de yerba mate volvió a ocupar un lugar central en la agenda política de Misiones, luego de que este jueves ingresó formalmente a la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera. La iniciativa busca establecer herramientas provinciales para sostener a los productores frente al escenario generado por la desregulación del mercado nacional.

El proyecto fue impulsado por la diputada Arabela Soler, del bloque Movimiento por lo que Viene, a partir de una propuesta elaborada por productores y organizaciones vinculadas a la actividad. El texto había sido presentado formalmente el miércoles en la Cámara de Representantes, luego de que los productores mantuvieran una reunión con el gobernador Hugo Passalacqua el 30 de julio, oportunidad en la que recibieron respaldo para avanzar con la iniciativa.

La propuesta plantea declarar la emergencia de la producción primaria yerbatera por un período de 360 días y otorgar al Poder Ejecutivo provincial herramientas para establecer un precio mínimo obligatorio para la hoja verde. El objetivo es fijar un piso que permita cubrir los costos de una producción eficiente, las cargas laborales, previsionales y fiscales y, al mismo tiempo, garantizar un margen de rentabilidad para quienes producen.

El planteo surge en un escenario de fuerte tensión dentro de la cadena yerbatera, marcado especialmente por el cambio en las reglas de funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). El DNU 70/23 impulsado por el Gobierno nacional eliminó la facultad del organismo para establecer precios de la materia prima, dejando a productores e industriales con una capacidad de negociación que, según advierten desde el sector primario, resulta cada vez más desigual.

Desde el sector sostienen que la pérdida de herramientas regulatorias generó un deterioro de la rentabilidad de las chacras y puso en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones familiares. Por eso, el proyecto busca que la provincia pueda intervenir con mecanismos propios, aun dentro del actual esquema de desregulación nacional.