El gobierno redobló la presión a los sindicatos docentes para limitar la magnitud del paro nacional del sector previsto para el lunes y martes próximo. El ministerio de Capital Humano advirtió ayer que supervisará el cumplimiento del 75% de las actividades, tan como lo establece la reforma laboral sancionada en febrero. El viernes ya había hecho un anuncio similar.
En un comunicado, Capital Humano anunció que “desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo”. De incumplir ese porcentaje, advirtió nuevamente que aplicará sanciones.
La propia ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, compartiò la comunicación a través de sus redes sociales.
Si bien no tiene escuelas a su cargo (depende de las provincias), desde el ministerio justificaron la medida afirmando que “el gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía”. También exhortaron a todos los agentes del sistema educativo a priorizar “el derecho a la educación” y cumplir “la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas”.
Ctra reclama paritaria nacional
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó el miércoles a un paro nacional docente para el próximo lunes 3 de agosto en reclamo por la “grave situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la educación” y contra el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Bajo la consigna “Basta de ajuste en la educación”, la medida fue definida en el marco del congreso de la gremial y coincide con el regreso a clases en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero tras el receso por las vacaciones de invierno.
En un comunicado informaron que responde “a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente”, al cual acusaron de incumplir la legislación vigente y de desconocer “un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”.
Agosto con varias protestas
Agosto se enmarca en intensas jornadas de protestas contra el gobierno. Los gremios docentes, ATE, la CGT junto a las dos CTA y los movimientos sociales preparan una serie de medidas de fuerza que se extenderán en la primera semana del mes.
El inicio de las huelgas se dará mañana y tendrá como protagonistas a los estatales y los docentes. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para reclamar un aumento salarial de emergencia y denunciar el vaciamiento de organismos públicos y los despidos en el Estado.
La agenda de protestas se reanudará dos días después. El jueves 6 de agosto, la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA y un grupo de organizaciones sociales se movilizarán al Congreso, el mismo día en que el oficialismo intentará aprobar en el Senado la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen vigente para la venta de tierras rurales a extranjeros.
La marcha federal se dará bajo la consigna “Argentina no se vende” que impulsó la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda.
Disputa judicial sobre obligación
En el comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano recordó que el artículo 101 de la Ley 27.802 declara a la educación servicio esencial. Bajo ese criterio, durante una medida de fuerza los gremios deben asegurar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo.
A la vez, Infobae informó sobre una disputa judicial en torno a esa disposición. Una medida cautelar del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 74 suspendió de forma temporal la declaración de esencialidad mientras avanza una demanda.
El mismo artículo sostuvo que, tras la apelación del Gobierno, el límite vinculado al derecho de huelga sigue vigente hasta que exista una resolución de fondo. Esa tensión entre la cautelar y la posición oficial enmarca la inspección anunciada para el 3 de agosto.