Una fuerte controversia se desató Garupá luego de que numerosos vecinos comenzaran a recibir fotomultas en sus domicilios. El dispositivo en cuestión está ubicado en los semáforos de ambas manos de la Avenida de las Américas e Irigoyen, en el ingreso al Barrio Don Santiago.
La falta de información oficial y la total ausencia de cartelería vial que advierta sobre el control de velocidad o cruce de semáforos han encendido las alarmas en la comunidad. Las multas emitidas alcanzan preocupantes sumas de hasta $350.000 en algunos casos, un monto que, en el actual contexto económico, resulta inaccesible para la mayoría de las familias, a pesar de las opciones de descuento por pago voluntario o en término.
La implementación de este sistema, llevado a cabo de manera sorpresiva, ha generado un impacto marcadamente negativo entre los conductores y residentes de la zona:
Golpe drástico al bolsillo: Valores de $350.000 en algunas infracciones genera una enorme angustia y nerviosismo, siendo un gasto imprevisto casi imposible de afrontar para el ciudadano promedio.
Falta de transparencia y señalización: La ausencia de carteles indicadores viola el derecho a la información de los conductores. Al no haberse anunciado públicamente quién gestiona el sistema, crecen las sospechas de que la medida tiene un fin puramente recaudatorio y no de prevención vial.
Temor a estafas: Debido al misterio que rodea la instalación de las cámaras y la falta de comunicados oficiales por parte de las autoridades municipales, muchos de los damnificados temen estar siendo víctimas de un fraude o posible estafa organizada.
Si bien la medida se ha implementado de forma cuestionable, desde la perspectiva de la seguridad vial global, este tipo de tecnologías suelen perseguir ciertos objetivos:
Reducción de la siniestralidad: La presencia de cámaras en intersecciones críticas busca, idealmente, persuadir a los conductores de respetar los semáforos en rojo y disminuir la velocidad.
Mayor control del tráfico: El monitoreo constante mediante tecnología automatizada permite registrar infracciones las 24 horas del día sin necesidad de disponer de personal físico (inspectores) de manera permanente en el lugar.
El reclamo de la comunidad: Los vecinos exigen de manera urgente que las autoridades aclaren la legalidad del sistema, identifiquen a la empresa u organismo responsable y coloquen la señalización correspondiente antes de continuar con las intimaciones.





