Dado que ambas sanciones se cumplirán de manera concurrente, la pena efectiva se fijó en seis años de cárcel, tras los cuales Machado deberá cumplimentar tres años de libertad supervisada. Asimismo, el tribunal fijó una evaluación especial de US$100 por cargo y postergó por 90 días la determinación del monto final de restitución a las víctimas, convocando una nueva audiencia para el 17 de febrero de 2027.

Detenido en Neuquén en abril de 2021 y extraditado a suelo norteamericano en noviembre de 2025, el empresario revirtió su estrategia inicial de ir a juicio por jurados. En mayo admitió los hechos ante el juez Don Bush, logrando que la Fiscalía desestimara decenas de imputaciones de la acusación original, entre ellas el cargo por narcotráfico internacional que contemplaba una pena mínima obligatoria de diez años de prisión.

El esquema de estafa aeronáutica y la condena a su socia

La investigación federal destapó una compleja maniobra para captar inversores a través de operaciones fraudulentas de compraventa de aeronaves. Machado lideraba la estructura comercial desde Florida mediante las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, articuladas con Wright Brothers Aircraft Title (Oklahoma City) y Aircraft Guaranty Corporation. Esta última firma estaba vinculada a su socia estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin, quien fue condenada en 2023 a 16 años de prisión.

El expediente judicial documenta contratos sobre aviones que no estaban disponibles para la venta o pertenecían a terceros, incluyendo operaciones vinculadas a China, Japón y la empresa Air India. En esta última transacción, acordada en noviembre de 2020 por un depósito reembolsable de US$5 millones, se constató que US$550.000 fueron derivados directamente a cuentas personales de Machado para fines ajenos a la negociación comercial.

El impacto judicial y político en la Argentina

El fallo dictado en Texas repercute de forma directa en el escenario político argentino debido a las conexiones financieras del empresario con la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019. En la causa norteamericana consta una transferencia de US$200.000 a favor del exdiputado efectuada en enero de 2020 mediante el Bank of America, asociada al uso del avión matrícula N28FM con el que el legislador se desplazaba en sus actividades proselitistas.

Aunque Espert argumentó que dicha suma correspondía a la primera cuota de un contrato de consultoría por US$1 millón relacionado con un emprendimiento minero en Guatemala que no prosperó debido a la pandemia, la justificación fue desestimada en la causa local. En octubre, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, procesó al dirigente libertario por presunto lavado de activos al hallar elementos que vinculan los fondos con empresas de Machado, disponiendo un embargo de $1000 millones y la prohibición de salir del país, fallo que fue apelado por la defensa.