La investigación por la presunta criptoestafa conocida como causa $LIBRA sumó un nuevo giro judicial. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía especializada en delitos de corrupción conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, aceptó la solicitud formal presentada por dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e intervino en el expediente para apelar el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El movimiento de la PIA se produce luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decretara el cierre de la causa a partir del dictamen del fiscal del caso, Eduardo Taiano, quien desestimó el ejercicio de la acción penal y solicitó el sobreseimiento definitivo del jefe de Estado, su hermana y los restantes nueve imputados. De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, ante la declinación de Taiano, la fiscalía anticorrupción decidió asumir el rol acusador para promover la continuidad del proceso.

La intervención del organismo especializado fue impulsada por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), entidades que calificaron la clausura del expediente de «prematura». En un comunicado de prensa, desde el CIPCE consideraron la decisión de la PIA como un «paso fundamental» y enfatizaron que “está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y comprometen el interés de toda la sociedad”.

Tras la presentación efectuada por la fiscalía especializada, la definición procedimental se encuentra a cargo del Juzgado Federal N.º 8, conducido en forma interina por el juez federal Daniel Rafecas, magistrado que deberá resolver si autoriza la reapertura de las actuaciones. Ante la posibilidad de un rechazo en esa instancia, la PIA interpuso de manera subsidiaria un recurso de apelación para que el expediente sea evaluado por la Cámara Federal, en sintonía con el reclamo de la ONG demandante que solicitó «habilitar una investigación exhaustiva, proactiva y especializada para evitar la impunidad».