La salida hacia Estados Unidos del derrotado candidato presidencial Flávio Bolsonaro encendió las alarmas de la escena política e institucional de Brasil. Según reportó la agencia Reuters, el hijo mayor de Jair Bolsonaro viajó a Miami a bordo de una aeronave junto a su familia con la intención de solicitar asilo político al presidente estadounidense, Donald Trump.

Su viaje se produjo poco después de que, el lunes, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes le ordenara la entrega de sus pasaportes y le prohibiera abandonar el país, medida que el legislador denunció como parte de una persecución. La situación judicial del excandidato se agravó este martes luego de que la Corte Suprema ordenara investigar su campaña electoral por una presunta financiación irregular, manipulación en plataformas digitales e injerencia extranjera dirigida a favorecer intereses externos. Al respecto, el magistrado Flávio Dino vincula en las pesquisas a la organización Rockbridge Network, fundada entre otros por el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.

El legislador, que perderá su inmunidad parlamentaria en febrero al asumir el nuevo período en el Congreso, enfrenta tres causas penales abiertas en la Justicia de su país. La primera de ellas se vincula al banquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master e involucrado en casos de corrupción, evasión y fraude, quien permanece detenido. Las autoridades investigan la solicitud de fondos que Flávio Bolsonaro le realizó para financiar la película biográfica “Dark Horse”, centrada en la figura de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, que actualmente cumple prisión domiciliaria con una condena de 27 años por golpismo.

Pese a que el excandidato negó inicialmente cualquier relación con el banquero, el portal The Intercept Brasil reveló que el senador negoció de forma directa con Vorcaro la transferencia de al menos 24 millones de dólares para el largometraje. La Policía Federal busca determinar el origen de los fondos, la estructura de las operaciones y si se cometieron delitos como lavado de dinero, según detalló el medio UOL.

Además, el diario Folha de San Pablo expuso un mensaje enviado por Flávio el 16 de noviembre pasado, previo al arresto de Vorcaro y a la liquidación de su entidad financiera, donde le manifestaba: “Hermano, estoy y siempre estará contigo, entre nosotros no hay medias tintas. ¡Solo necesito que me guies! Saludos cordiales».

La segunda investigación penal gira en torno al abogado Willer Tomaz, amigo cercano de Flávio Bolsonaro, acusados en una trama de blanqueo de capitales mediante plataformas de pago, empresas de apuestas y sociedades en el extranjero. El secuestro y peritaje del teléfono móvil del letrado por parte de la Policía Federal reveló transacciones financieras sospechosas, documentos personales y un registro de reuniones.

Según publicó UOL, “En la nube del teléfonol de Willer, la Policía Federal encontró registros de fiestas, reuniones y viajes pagados por Flávio”. En esa línea, Folha de San Pablo consignó que “Entre los registros encontrados, hay referencias a fiestas, reuniones y encuentros en los que participaban ambos, así como documentos personales vinculados a Flávio hallados en el iCloud de Willer”.

El informe citado por Folha precisó además que “los documentos analizados por la Policía Federal indican que Flávio tenía acceso de ´usuario maestro´ a la cuenta bancaria de una de las empresas holding de Willer, Alcazar, lo que le otorgaba un importante poder de gestión». Ambos involucrados utilizaban una aplicación de mensajería con autodestrucción de textos. Frente a estos elementos, el pasado viernes la Justicia dictó la congelación de activos de Tomaz, levantó el secreto bancario y fiscal de sus sociedades, suspendió las operaciones de sus empresas y revocó sus pasaportes. Fuentes del Tribunal Supremo informaron a UOL que el abogado abandonó Brasil el pasado 21 de agosto sin registros de reingreso al país.

Finalmente, el tercer expediente penal en trámite investiga una presunta difamación en perjuicio del presidente Lula da Silva. La causa se inició el 3 de enero pasado, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos, cuando el senador opositor aseveró en sus redes sociales que el gobernante brasileño sería “delatado” por el líder venezolano por la supuesta comisión de delitos ligados al narcotráfico y al lavado de dinero.