Amnistía Internacional anunció este lunes 26 de octubre que presentará denuncias ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el presidente Javier Milei, a raíz de sus recientes declaraciones contra periodistas que investigaron el caso de la criptomoneda $LIBRA. La entidad manifestó su preocupación por el incremento de las agresiones verbales desde el Poder Ejecutivo y advirtió que este tipo de expresiones puede afectar el ejercicio de la libertad de prensa en Argentina.

La decisión se conoció después de la participación de Milei en un encuentro de la Fundación Faro, realizado el viernes pasado, donde cuestionó duramente a distintos trabajadores de prensa. Durante su intervención, el mandatario mencionó a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes acusó de realizar operaciones periodísticas y dirigió diferentes descalificaciones.

La controversia se profundizó cuando el Presidente utilizó una referencia a la violencia física para cuestionar a quienes habían investigado su vinculación con el caso $LIBRA. En ese contexto, expresó: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”. La frase provocó rechazos desde distintos sectores políticos y organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de expresión.

Amnistía Internacional advirtió sobre el riesgo de intimidación a la prensa

A través de un comunicado, la organización informó que llevará los episodios recientes ante organismos internacionales como parte del seguimiento que realiza sobre las condiciones para ejercer el periodismo en Argentina.

Amnistía Internacional consideró que los dichos del Presidente constituyen una escalada preocupante dentro de un contexto de enfrentamientos recurrentes entre el Gobierno nacional y periodistas críticos de su gestión.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, cuestionó particularmente las consecuencias que pueden tener las declaraciones presidenciales cuando identifican públicamente a determinados profesionales de la comunicación.

“Cuando el presidente señala públicamente a periodistas y utiliza imágenes de violencia para referirse a quienes cuestionan su gestión, contribuye a generar un clima de intimidación que puede habilitar nuevas agresiones”, sostuvo Belski.

La referente de la organización señaló que el cargo presidencial implica obligaciones especiales respecto de la protección de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y el acceso de la ciudadanía a información de interés público.

“Su investidura exige una responsabilidad reforzada: debe garantizar que la prensa pueda investigar e informar con libertad y seguridad”, remarcó.

Los antecedentes de agresiones registrados por FOPEA

La presentación anunciada por Amnistía Internacional se produce en un escenario de creciente preocupación entre entidades periodísticas por el trato del Gobierno hacia los medios de comunicación.

Según datos del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), citados por la organización, durante 2025 se identificaron 278 hechos de ataques o restricciones contra la prensa, de los cuales 119 tuvieron al presidente Javier Milei como protagonista directo.

Las organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión vienen señalando que las descalificaciones públicas hacia periodistas, especialmente cuando provienen de las máximas autoridades del Estado, pueden generar condiciones de hostigamiento y desalentar el trabajo de investigación.

En septiembre, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) también cuestionó los agravios del mandatario y otros funcionarios nacionales. En su informe sobre libertad de prensa, la entidad advirtió sobre el deterioro del debate público y las dificultades que enfrentan periodistas para desarrollar su actividad, incluidas restricciones de acceso a información oficial.

El caso $LIBRA y las repercusiones políticas

Los ataques que motivaron el nuevo pronunciamiento de Amnistía Internacional estuvieron dirigidos a periodistas que realizaron investigaciones vinculadas con $LIBRA, la criptomoneda promocionada por Milei en febrero de 2025 y que posteriormente quedó envuelta en una controversia por su desplome.

Las declaraciones del Presidente generaron cuestionamientos no solamente desde sectores opositores, sino también desde espacios políticos cercanos al oficialismo. Entre las voces críticas se encontró Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien se sumó a las expresiones de rechazo que se habían manifestado desde el peronismo, el radicalismo y sectores de Pro.

Amnistía Internacional reclamó que Milei y los demás funcionarios nacionales interrumpan los mensajes que puedan resultar intimidatorios o estigmatizantes contra trabajadores de prensa. También pidió reconocer la importancia del periodismo independiente y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio profesional.

La organización anunció que trasladará los hechos a instancias internacionales, aunque la presentación todavía no implica una resolución, investigación formal o sanción de Naciones Unidas o de la CIDH. El alcance que pueda adquirir el reclamo dependerá de los procedimientos que eventualmente activen esos organismos.

La controversia vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a la libertad de expresión y los límites entre la crítica a la cobertura periodística y los ataques personales desde el poder político. Con información de La Nación.