El magistrado había intimado al Estado nacional a cumplir, en un plazo de cinco días, con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, bajo advertencia de aplicar sanciones económicas ante la falta de respuestas.
La nueva resolución representa un alivio procesal para la Casa Rosada, aunque no constituye un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia ni significa que la Justicia haya convalidado el incumplimiento de la normativa.

Sin embargo, vuelve a abrir una instancia de discusión judicial en un conflicto que lleva meses sin resolverse y que mantiene a las universidades públicas en una situación de incertidumbre presupuestaria.

La estrategia oficial para evitar la actualización de los fondos

En su presentación, el Ministerio de Capital Humano cuestionó la resolución de primera instancia al considerar que el juez no había precisado suficientemente cuáles eran las obligaciones incumplidas ni los montos que el Estado debía desembolsar para acreditar su cumplimiento.

Además, el Ejecutivo sostuvo que los incrementos salariales otorgados a docentes y no docentes habían alcanzado para cubrir las actualizaciones previstas en la legislación.

Ese argumento contrasta con las observaciones que el propio juez Cormick había formulado al analizar las respuestas oficiales. En una resolución anterior, el magistrado señaló que el Gobierno no había demostrado que los aumentos salariales se hubieran calculado conforme a los mecanismos establecidos por la ley.

Para fundamentar su decisión, había tomado como referencia la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026, que alcanzó el 312,19%, y advirtió que la documentación presentada por el Estado no permitía comprobar una recomposición equivalente.

También había identificado deficiencias en el cumplimiento de las disposiciones referidas a las becas estudiantiles, ya que la información aportada por el Ejecutivo solamente contemplaba actuaciones relacionadas con las Becas Manuel Belgrano, sin acreditar una actualización integral de los programas alcanzados por la normativa.

Pese a esos antecedentes, el Gobierno insistió en que la intimación judicial podía ocasionarle un perjuicio de difícil reparación. Los camaristas consideraron atendible ese planteo a los efectos de habilitar la apelación, por lo que ahora deberá revisarse la resolución cuestionada.

Santilli busca evitar una multa de $100.000 por día

En paralelo, Diego Santilli presentó un recurso para intentar dejar sin efecto la sanción económica personal que le impuso Cormick por el incumplimiento de la medida cautelar.

La multa fue fijada inicialmente en $100.000 diarios, con la posibilidad de modificar tanto su importe como los funcionarios alcanzados si persistía la falta de cumplimiento.

El jefe de Gabinete solicitó que se suspenda la ejecución de las sanciones hasta que se resuelva la apelación vinculada con la intimación al Estado nacional.

En su presentación, cuestionó que se le atribuyera responsabilidad personal sin un fundamento normativo suficiente y argumentó que mantener las multas podría provocarle consecuencias patrimoniales difíciles de revertir.

Así, mientras las universidades reclaman recursos para sostener su funcionamiento y recomponer los ingresos de sus trabajadores, una parte de la disputa judicial se concentra ahora en evitar que el incumplimiento de la normativa tenga consecuencias económicas para los responsables de su ejecución.

Las universidades consideran insuficiente la sanción

La posición del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se ubica en el extremo opuesto al planteo del Ejecutivo. Lejos de acompañar el pedido de Santilli, el organismo solicitó a la Justicia que incremente el monto de la multa al considerar que los $100.000 diarios resultan demasiado bajos frente a la magnitud de los recursos comprometidos.

Para las autoridades universitarias, una sanción de esas características carece de capacidad suficiente para obligar al Estado a modificar su conducta y ejecutar las partidas correspondientes.

El reclamo refleja el creciente desgaste de un conflicto que excede la discusión estrictamente judicial. La falta de recomposición salarial, la actualización de las becas y los recursos necesarios para sostener las actividades académicas continúan formando parte de las demandas del sistema universitario público.

La controversia también expone una contradicción en la política oficial: mientras el Ejecutivo sostiene que debe preservar el equilibrio fiscal, las universidades reclaman que esa prioridad no puede utilizarse para justificar la falta de aplicación de una ley sancionada por el Congreso.

Un conflicto que el Gobierno sigue trasladando a los tribunales

La disputa por el financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales frentes de tensión entre la administración libertaria y las instituciones de educación superior.

A las movilizaciones, los paros y los reclamos presupuestarios se sumó una sucesión de presentaciones judiciales mediante las cuales el Gobierno intenta revertir las decisiones que le exigen aplicar la normativa.

La resolución conocida este martes le permite al Ejecutivo continuar discutiendo los alcances de la cautelar, pero deja sin resolver la cuestión central: la recomposición de los salarios, las becas y los fondos que las universidades consideran indispensables para garantizar su funcionamiento.

Mientras tanto, la estrategia de la Casa Rosada sigue orientada a disputar judicialmente las obligaciones presupuestarias que le impone la legislación. Para el sistema universitario, en cambio, cada nueva instancia de apelación prolonga un escenario de incertidumbre que afecta tanto a sus trabajadores como a los estudiantes.

El nuevo capítulo judicial vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo que el Gobierno todavía no logra cerrar: hasta dónde puede sostener su política de ajuste cuando existen obligaciones legales destinadas a garantizar el financiamiento de la educación pública.