Una multitud se movilizó esta tarde hacia el Congreso de la Nación en el marco de la 5° Marcha Federal Universitaria, con el objetivo central de reclamar la aplicación «inmediata» de la Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa legislativa, que fue ratificada en cinco oportunidades por el Poder Legislativo y cuenta con el respaldo de la Justicia, establece la actualización automática de presupuestos, becas y salarios para la educación superior en función de la inflación acumulada desde diciembre de 2023, una medida cuya implementación continúa bloqueada por el gobierno de Javier Milei.

La convocatoria coincide en la jornada con una pulseada legislativa impulsada por sectores de la oposición que buscaban derogar el DNU 70/2023, el mega decreto desregulador firmado al inicio de la gestión presidencial, y que no tuvo quórum. A la oposición no le alcanzó y se cayó la sesión en Diputados. En el epicentro de la protesta, los sindicatos docentes volvieron a exponer la pérdida del poder adquisitivo en las aulas universitarias. La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, graficó el reclamo salarial señalando que un cargo testigo de ayudante de primera con dedicación semi exclusiva percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, frente a los $741.111 que le corresponderían si estuviese vigente la Ley de Financiamiento.

Además de los gremios docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles, la marcha cuenta con la adhesión y el acompañamiento de diversas centrales obreras y organizaciones políticas. Entre las entidades presentes se destacan la CGT, las dos CTA (Trabajadores y Autónoma), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), La Cámpora, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), entre otros espacios que convergieron frente a la sede parlamentaria.