Los adicionales de coparticipación destinados a doce municipios misioneros serán actualizados en el Presupuesto 2027, según explicó el ministro de Gabinete de la provincia, Carlos “Kako” Sartori. El funcionario señaló que se trata de un mecanismo que ya se viene aplicando y que busca compensar las diferencias generadas por el crecimiento poblacional de determinadas localidades.

Sartori explicó que estos municipios tienen una participación en la distribución de recursos que, en algunos casos, quedó por debajo de lo que correspondería en función de su actual cantidad de habitantes. “Es una adicional de coparticipación para compensar ese desfase que tienen en la coparticipación”, señaló durante una entrevista radial.

Como ejemplo mencionó a Garupá, a la que definió como la segunda ciudad de la provincia en cantidad de habitantes, pero con una participación que considera baja en comparación con otros municipios de tamaño similar. En ese caso, indicó que el adicional ronda los 200 millones de pesos, destinados a reforzar los recursos disponibles para afrontar los servicios y el funcionamiento municipal.

El ministro señaló que el esquema alcanza a 11 municipios que presentan situaciones similares vinculadas con el crecimiento poblacional.

Además de Garupá, mencionó a San Vicente, San Antonio y Andresito, y posteriormente incluyó a El Soberbio entre las localidades que cuentan con este mecanismo. “Son 11 municipios que tienen adicionales de coparticipación por el crecimiento de la población en esos lugares, que la verdad que en los últimos años ha sido notorio”, explicó Sartori.

Según planteó, la actualización busca establecer un criterio más equilibrado en la distribución de los recursos coparticipables en relación con la población de cada localidad.

Contra la caída de recursos

Sartori sostuvo que los adicionales adquieren relevancia en un contexto de dificultades económicas para las administraciones municipales. “Hay una caída brutal en lo que es la recaudación propia de los municipios por la situación económica de la familia, que afecta la economía nacional a todo el territorio provincial”, afirmó.

En ese escenario, señaló que los intendentes deben afrontar gastos vinculados con salarios, servicios, combustible, mantenimiento de caminos y otras obligaciones.

Como ejemplo, mencionó el caso de San Antonio, donde el intendente le manifestó que tiene dificultades para afrontar el costo del combustible necesario para mantener los caminos rurales. “No logró pagar el combustible para poder arreglar los caminos”, relató Sartori, reproduciendo el planteo del jefe comunal.

El funcionario explicó que la situación adquiere particular importancia en las zonas rurales, donde el mantenimiento de los caminos resulta necesario para garantizar el traslado de la producción.

Consultado específicamente por la situación de El Soberbio, una de las localidades que en los últimos tiempos enfrentó fuertes impactos por eventos climáticos, Sartori confirmó que también cuenta con un adicional de coparticipación.
El ministro sostuvo que, además de estos fondos, el Gobierno provincial continúa atendiendo requerimientos específicos de los municipios a través de distintos organismos y programas, en función de las prioridades planteadas por cada administración local.

La coparticipación nacional y la deuda con Misiones 

Durante la entrevista, Sartori señaló que la provincia viene trabajando sobre un replanteo de la distribución de recursos a nivel federal, aunque aclaró que el análisis técnico está siendo llevado adelante por el Ministerio de Hacienda. En ese punto, mencionó al ministro Adolfo Safrán, y a su equipo como los encargados de trabajar específicamente sobre la cuestión.

Sartori sostuvo que existe una situación histórica que afecta los recursos que recibe Misiones y recordó una modificación producida en 1989 vinculada con la distribución de la coparticipación nacional. Según explicó, aquella resignación de un punto de coparticipación representa actualmente una diferencia significativa para la provincia.

También mencionó el endeudamiento provincial de la década de 1990 y sostuvo que su pago continúa teniendo impacto sobre los recursos disponibles.