La Policía de Entre Ríos detuvo este viernes al exgobernador Sergio Urribarri, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los últimos recursos de la defensa y dejara firme su condena a ocho años de prisión por delitos de corrupción. Los efectivos policiales arrestaron también al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y al cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera. Todos los implicados fueron trasladados a la ciudad de Paraná para quedar de manera inmediata a disposición de los tribunales locales.

El máximo tribunal del país, con las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los planteos extraordinarios que mantenían en suspenso la ejecución de la pena. La resolución judicial determinó que los recursos presentados por los abogados defensores de los acusados eran “inadmisibles”, de acuerdo con lo establecido por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El esquema de desvío de fondos y las penas impuestas

La investigación judicial que terminó con la detención de los exfuncionarios entrerrianos se concentró en el direccionamiento de las contrataciones de publicidad oficial del Gobierno de Entre Ríos entre los años 2010 y 2015. Según el expediente, el esquema delictivo incluyó el pago a empresas que no registraban actividad real y la utilización de testaferros para beneficiar de forma directa a los familiares del entonces gobernador provincial. Las irregularidades también alcanzaron los gastos organizativos de la Cumbre del Mercosur que se realizó en la ciudad de Paraná durante el año 2014.

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná dictó la sentencia original el 7 de abril de 2022, oportunidad en la que impuso a Urribarri la pena de ocho años de cárcel y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Por su parte, el exministro Báez y el particular Aguilera recibieron una condena de seis años de prisión efectiva. La Corte Suprema también desestimó las quejas presentadas por otros involucrados en la causa, entre ellos Gerardo Daniel Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Belén Almada.

Urribarri, quien gobernó la provincia litoraleña durante dos mandatos consecutivos y luego se desempeñó como embajador argentino en Israel, ya había cumplido una detención preventiva de 50 días a fines de 2024 por disposición de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos. Esa medida restrictiva se revocó a principios de 2025, lo que le permitió al exgobernador esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia en su domicilio particular.