La abogada Micaela Pereira presentó ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones una acción judicial en la que solicita la revisión de sanciones aplicadas a dos docentes de Leandro N. Alem y, a partir de los antecedentes incorporados, impulsa también un pedido de juicio político y remoción de la titular del Consejo General de Educación (CGE), Daniela López.

En diálogo con Misiones Online, Pereira explicó que inicialmente asumió la representación de dos docentes de una misma institución educativa de Leandro N. Alem, quienes fueron alcanzados por una sanción administrativa. Según sostuvo, ambos cuentan con una extensa trayectoria y no registraban antecedentes disciplinarios de ese tipo.

La abogada cuestionó el procedimiento aplicado y afirmó que los docentes no habrían sido notificados adecuadamente sobre las sanciones ni habrían tenido acceso al expediente para ejercer su derecho de defensa.

“Estos docentes fueron sancionados sin ser notificados de qué se les estaba sancionando y tampoco se les permitió acceder al expediente”, sostuvo Pereira.

Incorporaron otros casos como antecedentes

Durante la investigación vinculada con los dos docentes representados, la abogada aseguró que tomó conocimiento de otros trabajadores de la educación que atravesarían situaciones similares. Por ese motivo, decidió incorporar esos antecedentes a la presentación judicial como casos testigo.

Pereira aclaró que no representa judicialmente a todos los docentes mencionados, entre otras razones porque, según señaló, existe temor a posibles situaciones de persecución.

La letrada sostuvo que los casos incorporados permitirían analizar una posible conducta sistemática vinculada con sanciones, apartamientos de cargos y situaciones que calificó como acoso laboral y sindical.

Según explicó, este tipo de sanciones puede tener consecuencias sobre la carrera profesional de los docentes, ya que los antecedentes disciplinarios pueden afectar su puntaje al momento de participar de concursos para cargos directivos, regencias u otras funciones.

Cuestionamientos por designaciones

Durante la entrevista, Pereira también planteó cuestionamientos vinculados con determinadas designaciones dentro del área educativa y utilizó el término “nepotismo” para referirse a situaciones que, según su denuncia, involucrarían a personas allegadas o familiares de funcionarios.

La abogada afirmó que, en algunos de los casos relevados, cuando un docente es apartado de su cargo, el puesto vacante sería ocupado posteriormente por personas que tendrían vínculos de cercanía o familiares con funcionarios.

Estas afirmaciones forman parte de los planteos efectuados en la presentación y deberán ser analizadas por los organismos competentes.

Pedido de apartamiento preventivo

Pereira explicó además que solicitó a la Justicia el apartamiento preventivo de Daniela López mientras avance la investigación. Según indicó, la medida fue planteada como una acción precautoria.

Entre los argumentos expuestos en la presentación, la abogada mencionó la existencia de documentación que, según sostuvo, sería presuntamente apócrifa y que estaría incorporada al legajo de la titular del CGE.

La letrada aclaró que se trata de documentación cuya autenticidad deberá ser determinada durante la investigación y que, de comprobarse las irregularidades denunciadas, podrían existir consecuencias respecto de la permanencia en el cargo.

El pedido de juicio político

Pereira señaló que la titularidad del Consejo General de Educación requiere acuerdo de la Cámara de Representantes y que, por esa razón, la eventual remoción no depende exclusivamente del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, explicó que además de recurrir a la Justicia, puso los antecedentes en conocimiento de la Legislatura para que los diputados puedan evaluar el inicio de una investigación y, eventualmente, el proceso de juicio político correspondiente.

“Le hicimos saber que hay actualmente en curso una situación judicial, para que ellos empiecen a investigar”, explicó.

La presentación plantea así dos vías paralelas: por un lado, la intervención del Poder Judicial para analizar las presuntas irregularidades denunciadas y las medidas precautorias solicitadas; y por otro, la posibilidad de que la Cámara de Diputados evalúe la situación institucional de la titular del CGE.

Pereira sostuvo finalmente que el objetivo es que otros docentes que atraviesan situaciones similares puedan recurrir a las instituciones y expresar sus reclamos. “Esta es la puerta de ingreso para que muchos de los docentes que están con miedo detrás de nosotros puedan sentirse en confianza de que la Justicia abre las puertas para que se puedan tratar estos temas”, afirmó.

Los hechos y acusaciones mencionados corresponden a los planteos formulados por la abogada en la presentación judicial y deberán ser investigados y acreditados por las autoridades competentes.