El tribunal también descartó la existencia de arbitrariedad en la sentencia recurrida, señalando que no se verificaron vicios.

“No resulta contradictorio, no carece de fundamentos, no reposa únicamente en la voluntad o capricho de los jueces ni tampoco adolece de manifiesta irrazonabilidad o desacierto total”, sostuvo la ministra.

En consecuencia, según la resolución del pasado 26 de junio, el recurso extraordinario federal fue denegado, por lo que la causa no llegará a la Corte Suprema y queda firme lo dispuesto por la justicia provincial.

Según explicó Gabriel Rivero Dubil, abogado de Braian Miguel, el padre ganó las tres instancias judiciales y aguardan los pasos para avanzar en la ejecución de la sentencia.

“Secuestró a mi hijo”

En diálogo con El Territorio, Miguel aseguró que la madre secuestró a su hijo cuando era un bebé y desde entonces no lo volvió a ver, a pesar de trajinar juzgados en la ciudad de Buenos Aires y Oberá, donde actualmente reside el pequeño.

Los padres del menor I. A. M. pertenecen a la comunidad gitana, se casaron en 2014 y residían en el barrio de Versalles, Caba. La relación no prosperó y en 2017 se separaron.

Como es tradición, un consejo de adultos se reunió para dirimir la custodia del niño -que era un bebé-, lo que fue aceptado por las partes, aunque de un día para el otro la mujer desapareció con el nene.

“Los mayores de la comunidad se juntaron para llegar a un acuerdo por la custodia de mi hijo y acordaron que cada uno lo tendría por quince días. Ella cumplió un par de meses y después se escapó. Hace ocho años que secuestró a mi hijo y no lo volví a ver”, lamentó Miguel.

Mencionó que su exesposa “conoció a un gitano de Oberá y se escapó con él. El problema no es que se fue con otro; el problema es que no me deja ver a mi hijo”.

En ese contexto, en primera instancia radicó una denuncia en Caba, lo que no evidenció demasiados avances.

“Una vez que supe que estaban en Oberá, viajé e hice los trámites correspondientes ante el Juzgado de Familia. Viajé varias veces a Oberá y nunca pude ver a mi hijo. Por eso hice una denuncia por impedimento de contacto”, que se tramita en el Juzgado de Instrucción Uno, detalló.

Ante tanta dilación, Miguel opinó, “puede ser que haya una discriminación hacia mi persona, como soy gitano”.

Reclamo y prueba

Según Miguel, su hijo padecería algún grado de retraso madurativo y no contaría con tratamiento adecuado, tampoco está escolarizado ni habla castellano, sólo romaní, la lengua de la comunidad gitana.

“Cada vez que me citaron me presenté en tiempo y forma, pero la madre nunca se presentó. A último momento siempre llega el abogado de ella y pone alguna excusa. La última vez dijo que estaba enferma, pero a la hora subió fotos en un cumpleaños. Es una burla”, reclamó indignado.

Por ello, subrayó que “las autoridades tanto hablan de los derechos del niño y acá no respetan el derecho de mi hijo. Lo único que pido es un régimen de visitas. No quiero que se lo saquen a la madre, no busco eso”.

Tras celebrar la reciente resolución del STJ, aseguró que siempre intentó obtener una solución judicial; por ello, las veces que estuvo en Oberá, nunca se presentó en la residencia de su ex para no generar más problemas ni altercados con las autoridades.

Entre otras pruebas que aportó a la Justicia, se halla un filmado durante los festejos de Navidad de 2021, cuando le nene tenía cuatro años.

En las imágenes se ve al chiquito tomando cerveza. Una mujer, que sería su mamá, lo alienta a tomar alcohol: “Eso”, dice con efusividad. La celebración se desarrolla en la vereda. El chico se acerca a quien lo filma y le sirven cerveza por segunda vez. “Eso… no pasa nada”, dice la misma voz femenina. El pequeño toma todo y pide que le sirvan por tercera vez. Recién ahí la mujer que lo graba con el celular expresa un tibio reparo: “No, ya está, listo”, pero igual le cargaron la copa. “Así crían a mi hijo, es lamentable”, subrayó Miguel.