El futuro inmediato del transporte público en las provincias argentinas había quedado envuelto en incertidumbre por el conflicto salarial entre la UTA y las empresas del sector. Finalmente, el gremio decidió postergar el paro de colectivos de 24 horas que estaba previsto para este viernes 14 de agosto, por lo que mañana no habrá medida de fuerza y las partes continuarán las negociaciones durante la próxima semana.
La huelga había sido anunciada para los servicios urbanos e interurbanos de corta y media distancia del interior del país y amenazaba con paralizar el transporte en decenas de ciudades fuera del AMBA.
La disputa salarial se encuentra estancada después de más de tres meses de negociaciones entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). El principal punto de conflicto es la diferencia en materia de tarifas y subsidios estatales entre el AMBA y el resto del país.
El gremio reclama que los choferes de las provincias alcancen el mismo nivel salarial que sus pares del área metropolitana. En el AMBA, los trabajadores perciben un básico de alrededor de $1.740.000, más viáticos.
Las empresas agrupadas en FATAP sostienen que la equiparación salarial reclamada por la UTA resulta inviable con el actual esquema de asistencia estatal.
Según la cámara empresaria, los subsidios estatales cubren aproximadamente el 60% de los costos operativos del transporte en el AMBA, mientras que en las provincias la asistencia alcanza apenas el 10%.
Para las empresas, esta diferencia impide afrontar el aumento salarial pretendido por el gremio sin que se produzca un incremento significativo de las partidas presupuestarias destinadas al transporte o de las tarifas que pagan los pasajeros.
De esta manera, el conflicto salarial también puso de manifiesto las diferencias estructurales que existen dentro del sistema de transporte argentino entre el área metropolitana y las provincias.
Durante los últimos días se realizaron distintas audiencias virtuales convocadas por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, aunque las reuniones no permitieron acercar las posiciones.
La última ronda de conversaciones tuvo lugar el martes 11 y el miércoles 12 de agosto. En esas reuniones, la UTA insistió en replicar en las provincias el acuerdo salarial alcanzado en Buenos Aires, mientras que las empresas ratificaron su negativa al argumentar que no cuentan con los recursos necesarios para afrontar la suba.
Tras el fracaso de esas negociaciones, el Consejo Directivo Nacional de la UTA, encabezado por Roberto Fernández, había anunciado oficialmente un paro nacional en el interior del país para el viernes 14 de agosto.
La intervención del Gobierno se convirtió en un elemento central durante las últimas horas. Este jueves 13 de agosto, FATAP solicitó formalmente al Ministerio de Capital Humano que emitiera de manera urgente la conciliación obligatoria.
Esta herramienta permitiría suspender formalmente una eventual medida de fuerza y obligaría a las empresas y al sindicato a volver a la mesa de negociación bajo supervisión de la autoridad laboral.
Sin embargo, hasta la tarde, la Secretaría de Trabajo no había emitido la resolución. En ese contexto, la situación permanecía a la espera de una definición oficial, aunque la UTA finalmente resolvió postergar la medida y retomar las conversaciones la semana próxima.
En distintas provincias, las seccionales de la UTA habían confirmado su adhesión al paro en caso de que no hubiera un cambio en la postura del Gobierno.
Entre ellas se encontraban las seccionales de Córdoba, Chaco, Entre Ríos y San Nicolás, que habían anunciado su adhesión total a la medida si el conflicto no encontraba una salida.
La situación había generado expectativa entre los trabajadores y los usuarios del transporte público, que aguardaban una definición oficial sobre la continuidad de los servicios.
En declaraciones, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, explicó los motivos del conflicto y la decisión del gremio.
“El paro es en el interior debido a que no pudimos cerrar con FATAP y llevamos el reclamo a Nación para tramitar nuestros derechos, que es el salario. No fue acordado y esta audiencia que tuvimos terminó con un pedido del subsecretario de Trabajo de que nuevamente empecemos las conversaciones para la solución de nuestro pedido salarial”, afirmó Fernández.
El dirigente sindical también remarcó el impacto que tiene el conflicto sobre los trabajadores y sus familias y explicó el objetivo de la suspensión de la medida.
“Suspendemos la medida para la solución a nuestro reclamo que es el sueldo para el sostén de nuestra familia. La semana que viene debemos terminar con nuestro reclamo”, sostuvo.
En otra referencia a la última audiencia, Fernández señaló: “Esta audiencia que tuvimos terminó con un pedido del subsecretario de Trabajo que nuevamente empecemos las conversaciones para la solución de nuestro pedido salarial”.
Las declaraciones del titular de la UTA reflejan la presión que existe sobre las partes para alcanzar un acuerdo que permita resolver la paritaria y evitar una nueva paralización del transporte en las provincias.
La UTA mantiene firme su reclamo de equiparación salarial para los trabajadores del transporte del interior con los salarios vigentes en el AMBA.
FATAP, por su parte, reiteró que las empresas provinciales no pueden afrontar el costo de la suba pretendida por el sindicato sin recibir mayores subsidios estatales o un incremento de las tarifas. Esta diferencia de posiciones profundizó el estancamiento de las negociaciones.
El conflicto dejó nuevamente en evidencia la fragmentación del sistema de transporte argentino y las diferencias estructurales existentes entre el área metropolitana y las provincias, tanto en materia de tarifas como de asistencia estatal.
Por ahora, no habrá paro este viernes 14 de agosto y las partes retomarán las negociaciones durante la próxima semana. El desenlace del conflicto dependerá de la evolución de esas conversaciones y de las decisiones que adopte la Secretaría de Trabajo.
En caso de que la conciliación obligatoria sea dictada, el mecanismo permitirá formalizar la suspensión de cualquier medida de fuerza y obligará a las partes a continuar negociando bajo la supervisión del Gobierno. Si el conflicto no encuentra una solución en las próximas conversaciones, la UTA podría volver a evaluar una huelga de 24 horas que afectaría a los servicios urbanos e interurbanos de corta y media distancia del interior del país.





