En una definición de último momento previa al receso invernal, el Senado de la Nación levantó la sesión especial en la que se pretendía debatir el polémico proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante la falta de acuerdos para asegurar la votación, el oficialismo solicitó un cuarto intermedio y postergó el tratamiento de la norma para el próximo 6 de agosto.

Sin embargo, antes de suspender el debate principal, el cuerpo legislativo logró avanzar con la aprobación de 29 pliegos judiciales y 26 ascensos diplomáticos que requerían acuerdo constitucional.

Ruth María Ponce de León, nueva jueza para el Tribunal Federal de Posadas

Entre los pliegos aprobados por el Senado se destaca la designación de la doctora Ruth María Ponce de León como Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.

• Trámite legislativo: El pliego había sido enviado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 11 de mayo.

• Sin objeciones: Durante el periodo de tratamiento en la Comisión de Acuerdos, la postulación de Ponce de León no recibió impugnaciones ni observaciones de ningún tipo, obteniendo dictamen favorable tras la audiencia pública realizada el 30 de junio antes de su aprobación definitiva en el recinto.

Los puntos críticos de la ley que pasa a agosto

El proyecto de Propiedad Privada debió postergarse debido a las fuertes discrepancias en el articulado, principalmente en los siguientes puntos:

• Eliminación de límites a extranjeros: El texto propone derogar la Ley de Tierras vigente, quitando el tope del 15% para la compra de campos por parte de capitales extranjeros y eliminando restricciones en áreas con fuentes de agua.

• Silencio administrativo positivo: Si el Estado no responde en un plazo de 180 días hábiles a una solicitud de compra de tierras por parte de un extranjero, la adquisición queda aprobada automáticamente.

• Desalojos abreviados: Establece un proceso veloz de restitución de inmuebles ante casos de intrusión o deudas de alquiler.

• Zonas de frontera: Las negociaciones de última hora incorporaron la necesidad de un doble aval (nacional y provincial) para autorizar ventas de tierras en zonas fronterizas de seguridad, un punto de especial sensibilidad para Misiones.