Ante esta notable disparidad, la investigación ha trascendido el ámbito estrictamente familiar para transformarse en un asunto de relevancia institucional. La Justicia prevé avanzar con una serie de pedidos de informes a diversos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, con el objetivo de reconstruir de forma fehaciente las actividades comerciales y el patrimonio real del jefe comunal.
La pesquisa también buscará esclarecer el origen de ciertos flujos económicos y el rol de terceras personas —incluidos algunos funcionarios municipales y sociedades comerciales vinculadas de forma indirecta a la comuna—. Los investigadores analizan si estas estructuras y personas físicas, cuyo patrimonio habría registrado un crecimiento sustancial en el último período, operaron formalmente como presuntos testaferros o pantallas financieras.
Una oportunidad para la transparencia institucional
Desde el plano político local, lejos de interpretarse este escenario como un obstáculo insalvable, se analiza el proceso como una ventana de oportunidad para que Ripoll Hijo disipe de manera definitiva las constantes sospechas y pedidos de informes que sobrevuelan sobre el manejo de fondos y la evolución de sus activos. Bajo la premisa de que la autoridad no posee bienes ni estructuras ocultas, se anticipa una colaboración irrestricta por parte del municipio ante cada requerimiento documental que la Justicia formule en las próximas semanas.