El plan del oficialismo contemplaba iniciar esta semana el tratamiento en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Legislación Penal, con la idea de llevarlo al recinto a comienzos de julio. Sin embargo, con los feriados del lunes 17 y el del viernes 21, en los distintos bloques ya se da por descontado que cualquier discusión se postergará al menos una semana más.
Aunque el Gobierno logró que 13 gobernadores respaldaran el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias —uno de los puntos centrales del proyecto—, el verdadero escollo está en la Cámara Baja, más precisamente en la Comisión de Presupuesto que preside José Luis Espert. Allí, de los 49 miembros, se requieren al menos 25 firmas para emitir dictamen y habilitar el tratamiento en el recinto.
La Libertad Avanza cuenta con apenas 6 representantes en esa comisión y necesita sumar adhesiones. Hasta ahora, podría contar con los votos del PRO (7), el MID (2), la UCR (3), la Liga del Interior (1), Innovación Federal (2) y Producción y Trabajo (1), lo que daría un total de 22. Para alcanzar la mayoría, el oficialismo debería conseguir al menos tres apoyos más entre los dos diputados de Encuentro Federal, los tres de Democracia para Siempre y uno de la Coalición Cívica.
Así, el panorama es incierto. Estos bloques dialoguistas mantienen cortocircuitos con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y su respaldo no está garantizado.
Desde la Coalición Cívica señalaron que aún están analizando el texto, pero advirtieron que “no es menor” que el oficialismo ni siquiera haya avanzado con el tratamiento del Presupuesto. En esa línea, desde Democracia para Siempre también recordaron que “Espert dejó trunco el debate de la ‘ley de leyes’” y criticaron el manejo de la comisión que preside.
“Espert maneja la agenda de Presupuesto como quiere. Cajonea todo y después, cuando les interesa, te vienen de apuro. Así no funciona. Así de apuro como quisieron meter lo de AGN no va. No sé cuándo quieren dictaminar. Si es ya, la respuesta es no”, sentenció un diputado radical disidente que podría inclinar la balanza. No obstante, aclaró que está “dispuesto a discutir”.
En tanto, desde Encuentro Federal dejaron trascender que el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones y a la emergencia en discapacidad —ambas medidas aprobadas por el Congreso y aún pendientes de ratificación en el Senado— podría tener un impacto negativo en cualquier futura negociación.
A esto se suma que, hasta el momento, ninguno de estos espacios fue contactado por los libertarios para abrir un canal de diálogo. “Todo indica que el proceso será más lento de lo que se anunció en los medios”, coincidieron desde los tres bloques.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo propone una serie de reformas en el Régimen Penal Tributario. Entre los puntos más destacados se encuentra la suba de los pisos para investigar evasión fiscal: de $1,5 millones a $100 millones para evasión simple y de $15 millones a $1.000 millones para casos agravados. Además, reduce de cinco a tres años el plazo que tiene la Agencia Federal de Recaudación (ARCA) para reclamar impuestos impagos, aplicar sanciones o iniciar acciones penales. El objetivo, según explicaron desde el oficialismo, es evitar que “gobiernos futuros persigan a los contribuyentes por su situación patrimonial pasada”.
El punto más polémico es la creación de un nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Esta reforma permitiría a los contribuyentes evitar justificar consumos personales, con el propósito de fomentar el uso del dinero no declarado. Está dirigido a personas con ingresos anuales inferiores a los $1.000 millones y patrimonios por debajo de los $10.000 millones. Un ejemplo citado por el oficialismo: un contribuyente podría comprar un auto sin tener que justificar el origen del dinero utilizado, siempre que se mantenga dentro del nuevo esquema fiscal.
Aunque el proyecto sigue siendo una prioridad para la Casa Rosada, su avance dependerá ahora de la capacidad del oficialismo para reconstruir puentes y negociar con bloques claves que, por ahora, desconfían de los tiempos y los modos del Ejecutivo.