La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad iniciarle juicio político a Santiago Peña, pese a que horas antes el dirigente del Partido Colorado presentó su renuncia como presidente. La decisión trasladó la definición a la Cámara de Senadores.
Los 78 diputados presentes votaron a favor del libelo acusatorio, en una sesión extraordinaria que se desarrolló en paralelo con el anuncio de la dimisión presidencial. La presentación formal de la renuncia de Peña a la presidencia había sido realizada ante el Congreso por el ministro del Interior, Enrique Riera, cerca de las 13:30.

La aprobación del juicio político se produjo menos de una hora después de que se conociera la decisión de Peña de abandonar el cargo. Sin embargo, los legisladores resolvieron avanzar con el procedimiento constitucional y dejar en manos del Senado la resolución definitiva.
La acusación se sustenta en las irregularidades vinculadas con Ueno Bank, entidad financiera intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP), cuya situación desencadenó una crisis que comprometió los ahorros de millones de clientes y generó fuertes cuestionamientos a la administración del mandatario.
El pedido de juicio político fue impulsado por legisladores de la oposición y sectores que hasta ahora acompañaban al oficialismo. La acusación reúne varios cuestionamientos sobre la relación entre el Gobierno y Ueno Bank, además de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Entre los principales argumentos del libelo acusatorio figuran los posibles conflictos de intereses por la participación de Peña en Ueno Holding, el nombramiento de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central y las modificaciones impulsadas a la legislación sobre conflictos de intereses. También se cuestionó la concentración de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank, presuntamente por encima de los límites establecidos por la normativa, y el supuesto incumplimiento de los controles crediticios sobre la entidad financiera.
El respaldo del Partido Colorado al juicio político resultó determinante para alcanzar los votos necesarios. Incluso, el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, manifestó su apoyo al procedimiento contra Peña.
La definición quedó ahora en manos de la Cámara de Senadores, que deberá resolver si acepta la renuncia presentada por Peña o si continúa con el proceso de juicio político. La diferencia no es menor: para declarar culpable al presidente y separarlo del cargo, el Senado necesita también una mayoría de dos tercios, de acuerdo con el artículo 225 de la Constitución paraguaya.
La discusión tiene además implicancias sobre la situación jurídica del mandatario. Si su renuncia es aceptada, Peña accedería a la condición de senador vitalicio, con los fueros correspondientes. En cambio, si es destituido mediante un juicio político, no obtendría esa condición y quedaría expuesto a eventuales investigaciones judiciales sin ese resguardo institucional.
En paralelo, Diputados rechazó el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, quien quedó así en condiciones de asumir la Presidencia si se formaliza la salida de Peña. La votación terminó con 48 votos en contra del enjuiciamiento de Alliana y 30 a favor. De esta manera, el vicepresidente quedó fuera del procedimiento que sí avanzó contra el jefe de Estado.
El rechazo al juicio político contra Alliana despejó el camino para una eventual sucesión presidencial sin alterar la línea de continuidad del oficialismo colorado. El vicepresidente, que había quedado bajo cuestionamiento por su responsabilidad política dentro del Gobierno, podrá asumir la conducción del Ejecutivo si el Senado acepta la renuncia de Peña.
Así, la decisión de Diputados evitó que ambos integrantes de la fórmula presidencial quedaran simultáneamente sometidos a un proceso de destitución. La votación también dejó expuestas las diferencias dentro del escenario político paraguayo: mientras una mayoría de legisladores acompañó la acusación contra Peña, no se alcanzó el mismo consenso para avanzar contra Alliana.
De esta manera, la Cámara Baja habilitó una salida institucional que permitiría mantener al Partido Colorado al frente del Ejecutivo, aunque la última palabra sobre el futuro inmediato del presidente todavía dependerá del Senado.





