Informes enviados a la Justicia señalaron diferencias de precios, errores administrativos y una prótesis que figuraba como entregada pero no había sido recibida.
Informes técnicos sobre compras de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) remitidos a la Justicia detectaron presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos durante la gestión del libertario Diego Spagnuolo. Entre los casos relevados aparece el de un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis por una amputación y cuya documentación indicaba que el elemento había sido entregado, aunque el informe determinó que eso no había ocurrido. Según el reporte existía un remito firmado por la madre del beneficiario, pero al consultar directamente a los particulares se estableció que la firma habría sido obtenida mediante una inducción a error durante la toma de medidas.
Los documentos enviados por el Ministerio de Salud y el interventor de la ex Andis, Alejandro Vilches, también señalaron diferencias de precios de hasta 1972% frente a adquisiciones realizadas por otros organismos públicos. Entre los ejemplos mencionados figura la compra de válvulas bicavales transcatéter a Farma Salud por $425 millones, mientras que el PAMI había adjudicado meses antes un sistema similar por $124,2 millones.
Otro análisis detectó una diferencia del 711% en una válvula pulmonar, mientras que en implantes cocleares el precio promedio abonado a Droguería Floresta fue de US$62.613, frente a referencias de mercado considerablemente menores.
Los informes también consignaron una factura de Indecomm que habría sido abonada dos veces por $28,7 millones cada una y una diferencia del 219% en la compra de un neuroestimulador.
Además se señalaron presuntos errores de categorización y adquisiciones de productos importados con diferencias de entre 300% y 1000% respecto de alternativas nacionales. El material fue incorporado a la investigación judicial que analiza posibles irregularidades en el sistema de compras de la ex Andis.
En la cena anual de la Fundación Faro, el Presidente celebró su sobreseimiento, se victimizó, insultó y apuntó contra los periodistas “ensobrados, corruptos y mercenarios de la mentira”.
La Justicia federal de San Isidro procesó este jueves 22 de octubre al exdiputado nacional libertario José Luis Espert como presunto autor del delito de lavado de activos, en el marco de la causa que investiga una transferencia de 200.000 dólares vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. La decisión fue adoptada por el juez Lino Mirabelli, quien además ordenó un embargo de 1.000 millones de pesos sobre los bienes del economista y le prohibió salir del país.
María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General y persona del círculo de extrema confianza de Karina Milei, fue designada en el Correo Argentino tras haber sido desplazada de sus funciones en la Quinta Presidencial de Olivos. La exfuncionaria, salpicada por el escándalo derivado del desplazamiento de su cuñado como intendente del predio y por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, pasó a desempeñarse en la gerencia de Comunicación. Fuentes de Balcarce 50 aseguraron que la decisión respondió a la disolución de su área previa y ratificaron la valoración política de la Casa Rosada hacia su figu
El director del sector Productores, Roberto Ferreyra, cuestionó la propuesta para cubrir la Gerencia General del Instituto Nacional de la Yerba Mate con una exfuncionaria que había sido desvinculada del organismo y que posteriormente acordó un pago judicial de $40 millones más costas. También puso el caso en comparación con la reciente polémica por el caso de Daniel Neira, que fue incorporado al INTA días después de haber sido despedido del Enacom y embolsado una indemnización de 110 millones de pesos .
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y de otras 18 personas en el marco de la investigación por una presunta asociación ilícita orientada al cobro de coimas y al direccionamiento de compras de medicamentos e insumos. La resolución, firmada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, ratificó el fallo dictado originalmente por el juez Sebastián Casanello y rechazó los planteos de nulidad sobre la validez de los audios que originaron las actuaciones, en una jornada atravesada además por revelaciones de desfasajes presupuestarios en el organismo y novedades sobre la filtración de material clave para la causa.