La Cámara de Diputados de la Nación desarrollará este jueves 15 de octubre de 2026 la 14° Reunión de la 8° Sesión Ordinaria Especial, citada a pedido de la oposición para abordar una agenda con temas de fuerte impacto político y social. El temario previsto incluye de manera prioritaria la discusión sobre el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 sobre “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina” (tramitado bajo el expediente PE-203/23 / Mensaje 0001/24 proveniente del Senado). Asimismo, la convocatoria contempla el tratamiento del Orden del Día 433 sobre el establecimiento de un marco legal para el Endeudamiento Familiar, como así también iniciativas relacionadas con la emergencia en discapacidad.

Para contrarrestar el avance opositor y neutralizar un posible quórum, el Gobierno y la bancada de La Libertad Avanza desplegaron una estrategia parlamentaria que incluyó la convocatoria a una «mega sesión» para el miércoles 21 de octubre. En ese marco, el oficialismo dictaminó este miércoles 14 de octubre en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Tras acordar con bloques aliados, el dictamen restituyó formalmente el tope del 15% para la venta de tierras a extranjeros estipulado en la Ley 26.737, una medida con la que los libertarios buscan dar una alternativa a las bancadas de centro y blindar la continuidad del DNU 70/23.

En la sesión alternativa del 21 de octubre impulsada por la Casa Rosada, también se debatirá el proyecto oficialista sobre endeudamiento familiar y mora. La iniciativa de La Libertad Avanza aborda la problemática como un «tema entre privados» y busca elevar los niveles de educación financiera, garantizando mayor claridad en la información para los consumidores (tasas y costos financieros) y la prevención del sobreendeudamiento, sin contemplar costos para el Estado, quitas de capital o topes a las tasas de interés. Además, exige doble validación de identidad para créditos otorgados por plataformas digitales, prohíbe dar por sentado el consentimiento mediante opciones preseleccionadas o silencio del usuario y requiere la entrega inmediata del contrato digital. Esta propuesta contrasta con el proyecto del peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas, quienes promueven declarar la emergencia por 180 días con un refinanciamiento de deudas hasta dos canastas básicas totales (aplicando la tasa TAMAR más un 25% sobre el Costo Financiero Total).

En materia de discapacidad, el oficialismo buscará incluir en la sesión del 21 un proyecto de ley que retoma gran parte de la normativa vigente, marcando un giro de 180 grados con respecto a las reformas iniciales contempladas en el Presupuesto 2027. Tras negociar con sus aliados, los libertarios se comprometieron a remover de raíz dicho capítulo del Presupuesto para sostener las pensiones no contributivas por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. Adicionalmente, se estableció que la pensión será compatible con el empleo registrado, siempre que el salario percibido no supere el valor de dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Con esto, el Gobierno apunta a desactivar la propuesta de la oposición que busca prorrogar por un año la emergencia del sector antes de su vencimiento a fin de año.

Por último, el oficialismo tiene previsto dictaminar el próximo miércoles el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional («Ley Malvinas») para integrarlo al temario de su mega sesión. El texto endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Plataforma Continental Argentina, extendiendo la Ley 26.659 más allá de la actividad hidrocarburífera.

La norma impone multas, inhabilitaciones y la cancelación de licencias tanto para empresas como para socios y proveedores que presten asistencia a actividades prohibidas. Sin embargo, la oposición mantiene fuertes cuestionamientos hacia un capítulo del proyecto que crea el Sistema y el Consejo de Seguridad Nacional: un órgano permanente de coordinación diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia que estaría integrado por el Presidente de la Nación, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado (SIDE) y la secretaria Legal y Técnica.