La organización sindical, encabezada por su secretaria general Graciela Aleñá, emitió una dura advertencia ante la evaluación oficial para incorporar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas. Desde el gremio calificaron el proceso como un “ruticidio” y acusaron al Poder Ejecutivo de avanzar en un vaciamiento de Vialidad Nacional que, según sostienen, terminaría siendo utilizado como argumento para justificar la privatización y el cobro de peajes en más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional.

Uno de los principales cuestionamientos del sindicato apunta al manejo de los fondos específicos del sistema vial, identificados como SISVIAL.

Según la documentación oficial reconstruida por STVyARA, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones destinados por ley a la infraestructura vial, mientras que solamente $394.406 millones fueron ejecutados en obras.

“No se puede exigir más control con menos Vialidad. Se debilita la capacidad técnica pública para después utilizar ese deterioro como argumento para privatizar y contratar empresas externas”, advirtió Aleñá.

Desde el gremio también rechazaron que la infraestructura vial sea evaluada exclusivamente bajo criterios de rentabilidad económica privada.

En ese sentido, alertaron que el esquema podría afectar a pueblos originarios, pequeños productores y economías regionales cuyos tramos no alcancen un volumen de tránsito suficiente para sostener el negocio de una concesión privada.

Frente a este escenario, STVyARA reclamó frenar la adjudicación de nuevas concesiones sin estudios socioeconómicos previos, que los recursos del SISVIAL sean destinados de manera inmediata a la reparación y mantenimiento de las rutas, que se detenga el vaciamiento del personal técnico y que se garanticen los recursos necesarios para la fiscalización.

También planteó la necesidad de diseñar una estrategia de conectividad que contemple aquellos tramos que no resulten rentables para el sector privado y que garantice la presencia del Estado en todo el territorio.

“No aceptamos que primero se desfinancie, después se paralice, posteriormente se reduzca personal y finalmente se utilice el deterioro resultante como argumento para retirar al Estado”, afirmó Aleñá.

Finalmente, la secretaria general del sindicato sostuvo: “Vialidad Nacional no es un gasto, es patrimonio público, capacidad técnica, producción y seguridad vial. Vialidad Nacional no se desmantela, se defiende”.

Fuente: Infogremiales