El dictamen oficialista reunió 42 firmas, 32 de La Libertad Avanza, cuatro del PRO, una de la UCR y una de Producción y Trabajo, más cuatro firmas en disidencia, la de Eduardo Falcone (MID), las de Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella, del bloque Argentina Federal, y la de Karina Maureira, de La Neuquinidad.

En paralelo, el bloque integrado por Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y Elijo Catamarca presentó un dictamen de minoría con 36 firmas, que propone directamente prorrogar la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) hasta el 31 de diciembre de 2027, sin necesidad de una ley nueva. La decisión de este espacio no se centra en diferencias de fondo con la propuesta de la mayoría, que en su mayoria fue elaborada por Argentina Federal, si no en la falta de confianza en que la Casa Rosada cumpla con le ley, una vez aprobada. La condición de emergencia aporta un plus jurídico oara el accionar rápido de la justicia ante el incumplimiento, explican.

El Gobierno tuvo que dar marcha atrás

El proyecto original que el Poder Ejecutivo había incluido en el Presupuesto 2027 proponía quitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa para acceder a la pensión, prohibir su cobro a quienes tuvieran cualquier empleo formal, y eliminar el arancel único, lo que habilitaba a cada obra social, prepaga o provincia a fijar sus propios valores para pagarles a los prestadores.