Después de una semana marcada por varios reveses parlamentarios, el Gobierno de Javier Milei prepara para este lunes el envío a la Cámara de Diputados de la Nación de dos proyectos considerados centrales para su agenda legislativa: el Presupuesto 2027 y la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con las Islas Malvinas.

El proyecto de Presupuesto tendrá como principal eje el sostenimiento del equilibrio fiscal y estará acompañado por un marco de proyecciones para los próximos años. Entre los lineamientos adelantados por el Ministerio de Economía aparecen una desaceleración de la inflación, un crecimiento real de la recaudación y la continuidad de una política orientada a reducir la carga tributaria.

Según las proyecciones que el ministro de Economía, Luis Caputo, había enviado al Congreso en julio, el Gobierno espera una “desaceleración significativa” del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un “leve incremento real anual” de la recaudación durante el período 2027-2029, asociado principalmente a una mejora de la actividad económica y al crecimiento de las exportaciones.

El Ejecutivo también pretende incorporar en el proyecto una senda de reducción de impuestos, con el argumento de devolver recursos al sector privado y mejorar la competitividad de las actividades exportadoras. A mediano plazo, el escenario oficial contempla además una reducción del desempleo, una mejora de los indicadores de pobreza e indigencia y avances en la distribución del ingreso.

Uno de los puntos centrales de la negociación política será el capítulo de obras públicas. El Gobierno incorporará proyectos reclamados por gobernadores aliados y sectores dialoguistas, entre ellos obras viales, acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento.

Sin embargo, la inclusión en el Presupuesto no implica que todas esas obras comiencen durante 2027 ni que su financiamiento vaya a quedar íntegramente a cargo del Estado nacional.

Malvinas: sanciones más duras y base naval

En paralelo, la Casa Rosada enviará el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional anunciado por el Presidente durante la cadena nacional dedicada a Malvinas. La iniciativa apunta a endurecer las sanciones contra empresas y personas vinculadas con actividades económicas desarrolladas en las islas sin autorización argentina.

El proyecto originalmente estaba enfocado en la explotación de hidrocarburos, pero el Gobierno analiza ampliar el alcance de las sanciones a otras actividades productivas, entre ellas pesca, minería, ganadería, agricultura y turismo. De esta manera, el régimen dejaría de estar limitado a la explotación petrolera y abarcaría un espectro más amplio de actividades económicas.

Otro de los componentes de la iniciativa será la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, concebida por el Gobierno como un polo logístico militar para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y como punto de conexión con la Antártida.

El tratamiento parlamentario de ambos proyectos se producirá en un escenario complejo para el oficialismo. Durante la última semana, la oposición consiguió avanzar con los emplazamientos a comisiones de los proyectos sobre endeudamiento familiar y Emergencia en Discapacidad, mientras que en el Senado el Gobierno no logró reunir los apoyos necesarios para avanzar con modificaciones a la Ley de Biocombustibles.

Por eso, la estrategia oficial contempla un mayor diálogo con los bloques que habitualmente acompañan algunas iniciativas del Ejecutivo. La Casa Rosada prevé reunirse durante la próxima semana con referentes del PRO, la UCR y espacios federales para explicar especialmente el proyecto sobre Malvinas antes de su tratamiento parlamentario.