La presentación fue realizada por Gustavo Alberto González ante la Fiscalía y apunta directamente contra Rovira, quien actualmente ocupa una banca en la Cámara de Representantes de Misiones. En la denuncia, el presentante pide que se investigue el patrimonio del dirigente y de su entorno familiar, además de posibles vinculaciones con sociedades y contratistas del Estado.

El escrito invoca el artículo 268 inciso 2° del Código Penal, referido al enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, y suma acusaciones por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de declaraciones juradas e infracciones vinculadas con el dominio público e hidráulico.

El foco sobre el patrimonio

Uno de los principales capítulos de la denuncia está centrado en el patrimonio que el denunciante atribuye a Rovira y particularmente en una propiedad ubicada sobre la costa del río Paraná, en Posadas.

Según el escrito, se trata de un predio de aproximadamente 14.000 metros cuadrados, donde se encuentra la residencia del dirigente. La denuncia sostiene que la titularidad del inmueble figuraría a nombre de Rosana Spotorno, a quien identifica como cónyuge de Rovira, y plantea que la Justicia debería determinar si existió una eventual interposición de persona para ocultar el verdadero patrimonio del funcionario.

Además, el denunciante solicita que se investiguen obras que, según afirma, se habrían realizado en el lugar, entre ellas un paredón perimetral sobre la costa, el supuesto cierre de una calle pública y la construcción de un muelle privado y una laguna artificial dentro del predio.

La presentación extiende además el pedido de investigación a una presunta estancia ubicada sobre la Ruta Nacional 105 y a otros lotes y campos que, según sostiene el denunciante, podrían estar vinculados directa o indirectamente con Rovira, familiares, allegados o sociedades relacionadas.

Piden investigar cuentas, bienes y movimientos al exterior

Otro de los puntos de mayor impacto político de la presentación apunta al núcleo familiar y a eventuales movimientos económicos en el exterior.

La denuncia solicita que se investiguen bienes, consumos y operaciones de los hijos de Rovira, mencionando residencias en Miami y París, y plantea que la Justicia determine si existe correspondencia entre esos movimientos y los ingresos provenientes de la actividad pública del dirigente. También pide profundizar sobre posibles vínculos de personas de su entorno con empresas contratistas del Estado provincial.

En ese marco, el denunciante solicita que se requiera a ARCA información sobre las declaraciones juradas de Bienes Personales y Ganancias de Rovira y Spotorno durante los últimos 15 períodos fiscales, además de información al Banco Central sobre cuentas, plazos fijos, cajas de seguridad y eventuales giros al exterior.

También pidió prohibirle salir del país

La presentación incluye un pedido de fuerte impacto: que se dicte la prohibición de salida del país contra Rovira y que se disponga la retención de sus pasaportes.

El denunciante fundamenta el planteo en el carácter fronterizo de Misiones y en la existencia, según sostiene, de vínculos y centros de vida del núcleo familiar en el extranjero. También pidió la inhibición general de bienes para evitar eventuales transferencias o movimientos de los activos que sean objeto de investigación.

El pedido de desafuero

El componente político más sensible de la denuncia aparece en el pedido de desafuero.

González sostiene que la condición de diputado provincial de Rovira no impediría el avance de medidas de prueba patrimoniales, registrales, bancarias y fiscales, pero solicita que, si la investigación avanza hasta una eventual declaración indagatoria, se requiera a la Cámara de Representantes el desafuero del legislador.

En el petitorio final, el denunciante reclama formalmente el inicio de la investigación, la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes y la producción de las medidas probatorias solicitadas. También pide que, reunidos los elementos suficientes, se libre oficio a la Legislatura para requerir el desafuero de Rovira.

La presentación abre así un nuevo frente judicial con potencial impacto político en Misiones, en momentos en que el escenario provincial atraviesa una fuerte reconfiguración interna del oficialismo y el futuro político de Rovira se encuentra nuevamente bajo la lupa.

La denuncia: