Los senadores de las comisiones clave del Congreso definieron una serie de modificaciones al proyecto de Propiedad Privada con el objetivo de destrabar su tratamiento en la Cámara Alta. Luego de cuatro postergaciones y de analizar más de 15 versiones del texto, los legisladores del oficialismo y de las bancadas dialoguistas alcanzaron un consenso que presentarán de manera oficial antes de la sesión de este jueves. Las modificaciones se centran en la reforma de la Ley de Tierras, uno de los puntos que mayor resistencia generaba entre los representantes de las distintas provincias.

La presentación formal del nuevo esquema estará a cargo de los referentes parlamentarios en una conferencia de prensa en el Senado. Desde el oficialismo explicaron los motivos de las concesiones: “Son acuerdos que hicimos para fortalecer el texto y que todos los que acompañan puedan entenderse representados”. Con este movimiento, el Gobierno nacional busca asegurar los votos necesarios para obtener la media sanción de una iniciativa que considera fundamental para su agenda legislativa.

Límites porcentuales y autonomía para las provincias

El principal punto de discordia radicaba en la intención inicial de eliminar por completo los límites para la adquisición de campos por parte de ciudadanos extranjeros. Finalmente, los legisladores acordaron fijar un tope que rondaría entre el 20% y el 25% de las tierras, una cifra que supera el 15% establecido en la legislación vigente, pero que marca un límite concreto frente a la desregulación total que pretendía el Poder Ejecutivo originalmente.

A su vez, los senadores de las provincias norteñas y patagónicas defendieron el federalismo y lograron que los distritos locales mantengan el control de sus recursos. Los bloques dialoguistas negociaron que sean las administraciones provinciales las que tengan la facultad de autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción, bajo el argumento de que son las dueñas originarias de los recursos naturales según la reforma constitucional de 1994.

Otro de los cambios consensuados apunta a la eliminación de los límites departamentales, ya que los legisladores argumentaron que estas divisiones internas limitan el desarrollo local de las economías regionales. De esta manera, solo se establecería un tope a nivel provincial y cada distrito tendrá la libertad de dictar su propia normativa interna para regular el suelo.

Seguridad nacional y control de fronteras

El nuevo texto también contempla que el Estado nacional mantenga la responsabilidad del resguardo de las zonas de fronteras y las áreas consideradas estratégicas para la seguridad del país. Asimismo, se acordó la creación de un registro de las tierras que ya se encuentran ocupadas por extranjeros, tanto en el ámbito de las provincias como en el registro nacional.

Mientras los senadores se preparan para dar el debate en el recinto, diversos sectores de la oposición y agrupaciones sociales convocaron a una movilización frente al Congreso de la Nación. Los manifestantes expresarán su rechazo a cualquier tipo de flexibilización en la venta de tierras aptas para la explotación agropecuaria o forestal.