El exdiputado nacional José Luis Espert compareció este martes ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro para prestar declaración indagatoria en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. Sin embargo, por consejo de sus abogados defensores, optó por reservarse la declaración y entregó un escrito acompañado de documentación, además de solicitar que el juez vuelva a asumir la conducción de la investigación.

La causa busca determinar el origen de una transferencia de 200.000 dólares provenientes de una empresa presuntamente vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido en Estados Unidos. Según la acusación, ese dinero habría sido canalizado mediante un contrato simulado de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca “Minas del Pueblo” y luego utilizado para la compra de vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

El pedido de indagatoria fue formulado por el fiscal federal Fernando Domínguez ante el juez Lino Mirabelli, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro.

La citación original había sido postergada durante siete días luego de que la defensa de Espert solicitara más tiempo para analizar el expediente. Para el fiscal, el contrato de asesoramiento habría sido una simulación destinada a justificar el ingreso de fondos de origen ilícito, en el contexto del acuerdo judicial alcanzado por Machado con la Justicia de Estados Unidos por delitos de lavado de activos y fraude en operaciones comerciales con aeronaves.

La acusación por narcotráfico que en un momento pesó sobre el empresario fue posteriormente descartada por la Justicia estadounidense.

En un comunicado, la defensa de Espert sostuvo que la transferencia bajo investigación respondió a “un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan”. Asimismo, informó que presentó once correos electrónicos intercambiados durante 2019 para respaldar esa versión y solicitó que esa prueba sea producida directamente por el juez.

Los abogados del exdiputado también argumentaron que los mismos hechos son investigados desde 2021 en otro juzgado federal, por lo que pidieron que un único magistrado concentre ambas investigaciones con el objetivo de evitar resoluciones contradictorias.

El vínculo entre Espert y Machado se remonta a 2019, cuando el empresario colaboró con la campaña presidencial del economista mediante el préstamo de un avión privado utilizado para realizar más de 30 vuelos, además de financiar la presentación de un libro y facilitar un vehículo blindado.

Esos antecedentes son objeto de una causa judicial paralela. En 2023, durante la campaña para las elecciones legislativas, en la que Espert encabezaba la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, el dirigente peronista Juan Grabois presentó la denuncia que dio origen al expediente actual, centrado en el contrato celebrado con la minera guatemalteca.

En declaraciones públicas, Espert relativizó su relación con Machado y evitó confirmar si efectivamente había recibido los 200.000 dólares investigados, aunque durante la causa trascendieron evidencias vinculadas a viajes y encuentros entre ambos.

Tras los allanamientos realizados en octubre del año pasado en su domicilio de San Isidro y en su despacho de la Cámara de Diputados, donde la Justicia secuestró teléfonos celulares, computadoras y documentación relacionada con Machado, Espert renunció a su candidatura y solicitó licencia como diputado nacional.

En el mismo expediente también fueron citados a declaración indagatoria el contador de Espert, Mariano Cosentino, y la empresa Varianza S.A., señalada por la investigación como parte de la presunta maniobra. En tanto, Machado fue extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado y permanece detenido en ese país luego del acuerdo judicial alcanzado con las autoridades estadounidenses.