Desde el equipo económico definieron la propuesta como “un programa financiero muy conservador en términos de lo que tiene que ver con los supuestos nuevas colocaciones”. El esquema se basa en el “armado de colchones en 2026” para facilitar el cumplimiento de las metas posteriores, de modo que se pueda llegar “con mucha holgura” al 2027.

Uno de los puntos centrales del anuncio será demostrar que el financiamiento “está completamente cerrado, no solamente para el 2026 sino también para el 2027”. Esto explicó una nueva baja del riesgo país a la zona de los 415 puntos, demostrando una mayor confianza de los inversores en que la Argentina cumplirá con sus obligaciones.

Furiase remarcó que el próximo año “va a ser menos desafiante que el 2026 en términos de las fuentes de financiamiento que tenemos que desarrollar en ese año”. Esta situación permitiría “sacar tensión e incertidumbre”, factores que el Gobierno asocia directamente con la baja del riesgo país y la inflación.

Respecto a la estrategia de financiamiento, el funcionario señaló que se han buscado “fuentes de financiamiento alternativas a salir en los mercados internacionales a tasas de interés significativamente más bajas”. En ese sentido, aclaró que “el endeudamiento en ley extranjera es una opción”, pero que no están “obligados a emitir bonos” bajo esa legislación si las tasas no son convenientes.

Uno de los mecanismos clave que usó Economía fue la implementación de dos bonos en dólares: uno con vencimiento en 2027 y el otro en 2028, finalizado el mandato de Milei. Ambos tenían, como límite, una colocación de hasta US$ 2.000 millones.

Tras haber completado esos cupos, el Palacio de Hacienda se aseguró buena parte del porcentaje final que afronta. Entre las otras posibilidades aparecieron los organismos multilaterales. Los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial fueron los últimos aprobados por el Ejecutivo.

Por un total de US$ 1.750 millones, servirán como garantía para la suscripción de préstamos con bancos privados: el Banco Mundial otorgó US$ 1.200 millones, mientras que el del BID fue menor por US$ 500 millones. El anuncio del Banco Central (BCRA) sobre la ampliación de REPOS hasta 2028 redujo el volumen de compromisos para el año electoral y sirvió para despejar más dudas sobre el “poder de fuego” disponible de la administración libertaria.