De acuerdo a fuentes contactadas por PRIMERA EDICIÓN, durante las últimas semanas en el Juzgado de Instrucción que encabeza Ricardo Walter Balor, trepó a 17 la cantidad de denunciantes que señalaron a la misma mujer como a quien le entregaron sus últimos ahorros para que le consiga un puesto o contrato directo o para algún familiar o allegado.

Es obvio que “la gestora en el Poder Judicial” no tendría acceso a disponer o facilitar un puesto en planta permanente a ningún interesado mediante sus servicios y que a todos los que habría timado no les devolvió ningún peso de la “seña” que le entregaron para sus maniobras.
Resulta aún más sorprendente que la misma investigada e imputada, ya habría sido exonerada del Poder Judicial en 2023 por los mismos actos y varias acusaciones más.

En el expediente abierto, en el que también interviene el fiscal de Instrucción 6, René Germán Casals, las denuncias que se sumaron durante las últimas semanas en junio tienen detalles coincidentes en los que las ofertas a cambio de distintos montos dinero en efectivo son para cubrir cargos en planta permanece en la Justicia misionera o contratos de seis meses en adelante.

Cada “trámite” varía en cuanto a su valor, pero se redondeó en 90 millones de pesos el monto que se habría birlado a gente que confió sin sospechar de la maniobra y quienes se arriesgaron igual, aunque tuvieran conocimiento que la “facilidad” que ofrecía la “gestora influyente” constituía una maniobra opuesta a la ley.

Entre las fuentes consultadas por este Diario, se pudo saber que no solo por puestos de trabajo la misma sospechosa habría desplegado presuntas influencias o poder. Por viviendas en barrios de IPRODHA como las del paraje Itaembé Guazú, se mostró confiada en mediar y conseguir casas a cambio de las “señas o garantías” de miles de pesos previas.

Fuente: primeraedición.com.ar