Dentro del área de Salud, por ejemplo, la norma incluye un recorte presupuestario de 562 mil millones de pesos al programa de “investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer”; la compra de productos farmacéuticos y medicinales, dentro del programa de “Acceso a Medicamentos” se ajustó en 20.000 millones de pesos y el programa que concentra los recursos para la prevención y el control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, sufrió un ajuste de 500 millones de pesos.

El recorte más voluminoso de toda la decisión alcanzó 1,47 billones en la partida de “Otras Asistencias financieras – servicios económicos -”. Responde a la baja de subsidios y la suba de tarifas de servicios públicos. Por ejemplo, el programa de Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía sufrió una quita de $ 359.497 millones.

El Fondo de Compensación Salarial Docente se redujo $ 78.711 millones.

El Programa de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía perdió $ 55.465 millones. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia acumula rebajas por ese mismo monto.

La sub-jurisdicción de Innovación, Ciencia y Tecnología registró recortes por $ 19.532 millones, con impacto en programas de investigación aplicada.

Las Fuerzas Armadas acumularon bajas por $40.942 millones —con la Fuerza Aérea ($ 12.622 millones) y la Armada ($11.820 millones) como las más afectadas— y las fuerzas de seguridad, $ 25.664 millones.

El programa de Formación y Sanción de Leyes resignó $4.656 millones. En total, el Congreso acumula rebajas por $ 14.422 millones en el período.

El área de Cultura perdió $ 607,9 millones, con caídas en programas de gestión de museos, el sistema de bibliotecas populares y el Teatro Nacional Cervantes.

Gran parte de los fondos recortados se reasignan mediante compensación: el refuerzo más significativo va a la ANSES, que recibe $ 500.000 millones adicionales para deudas previsionales y retiros voluntarios.