La publicación fue determinante para que la llamada “memecoin” alcanzara repercusión masiva. Milei presentó a $LIBRA como un “instrumento” para financiar pequeñas y medianas empresas de tecnología e inteligencia artificial en la Argentina, e incluyó un código alfanumérico que permitía adquirir el token de manera directa. La reacción fue inmediata: miles de usuarios compraron la criptomoneda, cuyo valor se disparó en cuestión de minutos al tomar la figura presidencial como respaldo.

Sin embargo, horas después el precio cayó más de un 85%, luego de que los propios creadores y principales beneficiarios del token vendieran sus posiciones. En el mundo cripto, esa maniobra se conoce como “rug pull” o estafa de salida.

Al trascender el hecho, el Presidente borró la publicación original y difundió un nuevo mensaje en el que se excusó de haber apoyado “un supuesto emprendimiento privado” del que, afirmó, “no tenía vinculación alguna”. Días más tarde, en una entrevista televisiva, sostuvo: “Yo no lo promocioné, solo lo difundí”. También argumentó que su cuenta en redes sociales no debe considerarse una comunicación de carácter presidencial.

Tres días después del tuit, el 17 de febrero de 2025, se presentaron formalmente las primeras denuncias penales por presunta estafa y asociación ilícita, que quedaron a cargo de la jueza María Servini. El fiscal federal Eduardo Taiano inició una investigación el 21 de febrero para determinar la responsabilidad de Milei y de los dos desarrolladores vinculados al proyecto: el estadounidense Hayden Davis y el empresario argentino Mauricio Novelli.

En total, 44.000 personas fueron estafadas en todo el mundo. En la Argentina, la Comisión $LIBRA confirmó que al menos hay 1.329 damnificados. Paralelamente, en Estados Unidos se inició una demanda colectiva en Nueva York, ante un tribunal federal del Distrito Sur, que acusa a Milei de haber emitido una “declaración promocional altamente engañosa”.

Novelli fue señalado como el principal puente entre los creadores de $LIBRA y el entorno presidencial. Durante 2024 registró diez ingresos a la Casa Rosada, autorizados en su mayoría por la secretaria de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei.
La Justicia confirmó además que Novelli es titular de una de las billeteras digitales que recibió transferencias directas desde cuentas vinculadas a los creadores de la memecoin, luego de las reuniones que precedieron al lanzamiento. Servini ordenó la inmovilización de sus bienes y el allanamiento de su domicilio. También lo investiga por presunto entorpecimiento de la causa, tras la eliminación de información de sus dispositivos y el vaciamiento de cajas de seguridad pertenecientes a familiares.

Por su parte, Davis es CEO de Kelsier Ventures, firma especializada en la creación y lanzamiento de tokens y criptomonedas. Está identificado como el principal impulsor de $LIBRA. Firmó un contrato de confidencialidad en el que asumía el rol de “asesor ad honorem” del Estado argentino en materias de blockchain e inteligencia artificial.

Dos semanas después de la firma de ese documento, Milei promocionó la criptomoneda en sus redes sociales. Tras el inicio de las investigaciones, se confirmó la existencia de billeteras vinculadas a Davis que realizaron transferencias superiores al millón de dólares. También trascendieron mensajes telefónicos en los que el CEO estadounidense se jactaba de “influir” en el Gobierno argentino mediante ciertos pagos a Karina Milei.

En paralelo a la causa judicial, la oposición impulsó en la Cámara de Diputados una Comisión Especial Investigadora, presidida por Maximiliano Ferraro, para determinar la eventual participación del mandatario y su entorno.

El 18 de noviembre del año pasado, la comisión presentó su informe final. Los legisladores concluyeron que existió una “colaboración imprescindible” por parte del Presidente en la promoción de la criptomoneda e instaron al Congreso a definir la viabilidad de un posible juicio político. Tras la disolución del cuerpo por cumplimiento de su mandato, los diputados trasladaron las pruebas a la Justicia federal y formalizaron una denuncia.

A un año del episodio, el Gobierno de Javier Milei sostiene que no tuvo relación alguna con las personas involucradas y niega haber obtenido beneficios económicos. “Se trató de un problema entre privados, el Presidente simplemente lo difundió”, reiteraron desde el oficialismo.

Mientras la investigación judicial continúa y el expediente avanza en tribunales, el caso $LIBRA permanece como uno de los hechos más controvertidos del primer año de gestión libertaria: una combinación de política, criptomonedas y responsabilidad institucional que aún espera definición judicial.