La actividad de trapitos, limpiavidrios y otras tareas afines quedó prohibida en la ciudad de Posadas a partir de la aprobación de una ordenanza en el Concejo Deliberante. La iniciativa surgió a raíz de reclamos de vecinos que denunciaron situaciones de intimidación, amenazas y episodios de violencia vinculados con personas que ofrecen el cuidado de vehículos o la limpieza de parabrisas en la vía pública.

La concejal de La Libertad Avanza, Valeria Gómez de Oliveira, explicó que el proyecto comenzó a trabajarse después de recibir distintos testimonios de personas que manifestaron haber atravesado situaciones conflictivas. Según relató, los reclamos no se limitaban a la presencia de trabajadores informales en las calles, sino que incluían episodios en los que los vecinos aseguraron sentirse presionados para entregar dinero.

«Lastimosamente tengo que contradecirte que no es tan así de que no hay violentos en Posadas. Los violentos en Posadas ya tenemos», sostuvo la edil durante una entrevista, al explicar los motivos que impulsaron la presentación de la propuesta.

Entre las situaciones que mencionó, hizo referencia a personas que denunciaron haber recibido golpes con palos, amenazas o que les limpiaron los vidrios de sus vehículos a pesar de haber manifestado que no querían el servicio. También relató el caso de una mujer que contó que un hombre le impedía bajar de su automóvil en una zona de locales nocturnos, en inmediaciones de Uruguay y Maipú, hasta que abonara una tarifa de $4.000 que él mismo había establecido.

A partir de estos testimonios, la concejal señaló que comenzaron a analizar ordenanzas vigentes en otras ciudades y a elaborar una regulación para Posadas. El proyecto original contemplaba la prohibición de estas actividades, la aplicación de multas y, al mismo tiempo, mecanismos de asistencia para las personas que dependen económicamente de ellas.

Aunque la ordenanza ya fue aprobada por el Concejo Deliberante, todavía resta completar los pasos administrativos necesarios para su implementación. Gómez de Oliveira explicó que falta la promulgación y reglamentación por parte del Departamento Ejecutivo municipal, que también deberá poner en funcionamiento los mecanismos previstos para recibir denuncias.

Uno de los aspectos centrales de la normativa es la creación de una línea de atención que deberá funcionar las 24 horas, los siete días de la semana. A través de ese canal, los vecinos podrán informar sobre la presencia de trapitos, limpiavidrios u otras personas que desarrollen actividades alcanzadas por la prohibición.

«Se va a hacer una campaña de concientización al respecto y se va a informar, a través de cartelería y demás, de que está prohibida la actividad», explicó la concejal.

En cuanto al procedimiento, indicó que la autoridad de aplicación sería la Secretaría de Movilidad Urbana. Una vez recibida la denuncia, un inspector municipal deberá acercarse al lugar para constatar lo que sucede y determinar si se está incumpliendo la normativa.

Si verifica una infracción, el agente podrá solicitarle a la persona que se retire. En caso de que se niegue o se resista, tendrá la posibilidad de requerir la intervención de la Policía de Misiones.

«Nosotros no tenemos policía municipal y no tenemos competencia para hacer eso», aclaró Gómez de Oliveira, al explicar por qué la intervención de la fuerza provincial será necesaria ante situaciones que requieran asistencia policial.

De esta manera, la prohibición no se limitará a la aprobación de la ordenanza, sino que requerirá la puesta en marcha de un sistema de denuncias y un procedimiento de control que permita actuar ante los incumplimientos.

Otro de los ejes que destacó la concejal es la situación económica de las personas que actualmente trabajan como trapitos o limpiavidrios. En ese sentido, aclaró que la propuesta también busca ofrecer alternativas para quienes encuentran en estas tareas su principal fuente de ingresos.

«Tenemos que reconocer que hay gente que lo hace como única fuente económica», señaló. Por eso, desde el inicio del tratamiento plantearon articular acciones con la Oficina de Empleo de Posadas, que cuenta con capacitaciones en oficios y formación en cuestiones financieras.

El objetivo es que las personas alcanzadas por la prohibición puedan acceder a herramientas de formación, aprender una actividad y encontrar una salida laboral que les permita incorporarse al empleo formal, con derechos como obra social y aportes jubilatorios.

Para explicar esta posibilidad, Gómez de Oliveira contó la experiencia de un hombre que se comunicó con ella después de que el proyecto se difundiera en redes sociales. Según relató, esa persona había trabajado como trapito, pero actualmente se desempeña en la construcción.

El hombre le contó que durante mucho tiempo creyó que esa era la única actividad que podía realizar. Incluso, según recordó la concejal, sentía vergüenza de contarle a su esposa que trabajaba cuidando vehículos. Finalmente, por recomendación de ella, comenzó a buscar otra ocupación y les pidió trabajo a algunas de las personas a cuyos vehículos anteriormente cuidaba, hasta que consiguió incorporarse a la construcción y aprender un oficio.

«Todas las personas tienen la posibilidad de salir adelante, encontrar un oficio, aprender otra cosa a hacer», expresó la edil, al remarcar que la intención es acompañar a quienes necesiten abandonar esa actividad y acceder a otras oportunidades.

También planteó que la permanencia de personas en las calzadas y los semáforos representa un riesgo para su propia integridad física, especialmente en avenidas de circulación intensa.

En ese contexto, manifestó su preocupación por la presencia de niños que piden dinero o limpian parabrisas entre los vehículos. Como ejemplo, relató una situación que presenció sobre la avenida San Martín, cuando un menor intentaba recoger dinero que había quedado desparramado sobre la calle después de que un conductor se lo arrojara, mientras los automóviles comenzaban a avanzar.

«Un chico tiene que estar en la escuela, tiene que estar jugando en el barrio, andando en bicicleta o en la plaza, no ahí», expresó.

La concejal consideró que las denuncias también permitirán intervenir ante estas situaciones y recordó que el trabajo infantil está prohibido. Además, indicó que la ordenanza contempla la vinculación de las personas que atraviesan consumos problemáticos con los programas de asistencia que tiene el municipio.

En paralelo con la ordenanza contra trapitos y limpiavidrios, Gómez de Oliveira impulsa otro proyecto para incorporar cámaras corporales a los inspectores municipales. La iniciativa busca que los procedimientos realizados por los agentes queden registrados audiovisualmente y que ese material pueda utilizarse como respaldo ante eventuales denuncias o irregularidades.

La propuesta plantea comenzar con aproximadamente 30 dispositivos y ampliar progresivamente su cantidad, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias del municipio.

Según explicó la concejal, las cámaras deberán activarse cuando el inspector comience su jornada laboral y permanecer encendidas hasta que finalice sus tareas y devuelva el dispositivo. La intención es evitar que los agentes puedan decidir arbitrariamente cuándo registrar sus actuaciones.

«Con el objetivo de que muchos me planteaban: ‘No, pero apaga la cámara y listo’. No, no puede apagar la cámara», explicó Gómez de Oliveira. Aclaró que únicamente se contemplarían interrupciones justificadas ante situaciones específicas, como la necesidad de utilizar el baño.

La edil sostuvo que el registro audiovisual brindaría garantías para ambas partes. Por un lado, permitiría proteger al inspector frente a posibles agresiones o acusaciones sobre su desempeño. Por otro, ofrecería a los vecinos y comerciantes la posibilidad de contar con un registro de lo ocurrido durante una inspección.

«Si yo estoy siendo inspeccionada, quiero que quede filmado el procedimiento, a ver si el inspector no me pide algo que no corresponda», señaló.

Además, consideró que la utilización de estos dispositivos podría contribuir a prevenir irregularidades, como pedidos indebidos de dinero o procedimientos que no respeten las normas municipales.

En caso de detectarse una actuación irregular, las grabaciones podrían servir como elementos de prueba ante el Juzgado de Faltas, que tendrá la posibilidad de evaluar lo ocurrido y determinar las consecuencias correspondientes. Incluso, un procedimiento que no se haya realizado correctamente podría derivar en la anulación de la actuación.

El proyecto de cámaras corporales todavía se encuentra en comisión y uno de los principales puntos pendientes es determinar cuánto costaría implementar el sistema completo.

Gómez de Oliveira explicó que no se trata únicamente de adquirir los dispositivos, sino también de incorporar la tecnología necesaria para que las cámaras permanezcan activas durante toda la jornada, registren las actuaciones y permitan administrar las grabaciones.

En ese sentido, mencionó como antecedente la experiencia de Resistencia, Chaco, donde se incorporó recientemente un sistema de cámaras corporales. La concejal se comprometió a reunir información sobre los costos y el funcionamiento de esa tecnología para presentarla ante la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante.

«Yo me comprometí en la comisión a investigar cuál es el costo real del sistema que está usando Resistencia, por ejemplo, como para traer toda la información y avanzar con el proyecto», explicó.

Si bien la propuesta inicial contempla comenzar con unos 30 dispositivos, su implementación dependerá de la evaluación económica y técnica. Por ese motivo, estimó que el tratamiento podría continuar durante el próximo período legislativo.

Así, mientras la ordenanza que prohíbe a trapitos y limpiavidrios espera su reglamentación para comenzar a aplicarse en Posadas, el proyecto de cámaras corporales continúa en análisis, con el objetivo de incorporar herramientas de registro y control sobre los procedimientos de los inspectores municipales.