“Me parece que es importante que (Lorenzo) empiece a rendir cuentas y que empiece a ponerse a disposición para poder ir resolviendo todas estas cuestiones que tanto afectan a los trabajadores”, apuntó al referirse a lo que la empresa deberá responder.

Sobre el destino de los bienes

Uno de los puntos que preocupa al sindicato es el estado actual del establecimiento, ubicado sobre la ruta provincial 94 en Azara. Según relató Báez, después de que la empresa abandonara el predio se registraron robos y daños en distintos sectores, por lo que consideran necesario establecer con precisión qué elementos permanecen en el lugar.

“Hay un rumor de que están en Corrientes: yo no sé, son solamente rumores (aclaró), pero la verdad es que algunas cosas están faltando”, advirtió el dirigente, quien mencionó el robo de cables, motores y otros elementos, además de daños en las oficinas y la sustracción de transformadores.

Repasó que, por un tiempo, hubo personal de seguridad en el establecimiento, pero posteriormente dejó de haber custodia.

Frente a esa situación es que el Soimp buscará documentar el estado de los bienes mediante un inventario realizado por una escribana. El relevamiento permitiría contrastar lo que se encuentre en el establecimiento con los activos que deban quedar comprendidos en el proceso de quiebra.

La preocupación por el patrimonio de la firma no es algo nuevo. Sucede que a fines de mayo, cuando el cierre de la planta era inminente, los trabajadores realizaron vigilias en el lugar para exigir respuestas sobre la continuidad de sus puestos laborales.

En ese período, y como relató entonces este matutino, la empresa había intentado retirar durante la noche parte de sus activos logísticos y de producción. La maniobra fue detectada por los operarios y, tras la intervención gremial, las maquinarias fueron restituidas al establecimiento.

Desde entonces, los trabajadores procuraron resguardar los bienes que permanecían en el predio ante la posibilidad de que fueran necesarios para responder por las deudas de la firma.

Familias siguen sin cobrar

Los telegramas de despido llegaron a los trabajadores a principios de junio de este año, cuando la empresa comunicó la desvinculación definitiva del personal.

En ese momento, Linor argumentó que atravesaba una “situación financiera irreversible” a la que vinculó con las dificultades de la industria forestal, la acumulación de deudas y los embargos judiciales que afectaban el funcionamiento de la planta.

Sin embargo, Báez cuestionó que la crisis sectorial fuera suficiente para explicar este desenlace. Según sostuvo, la empresa tenía una cartera de clientes y un nivel de actividad que, a su entender, no se correspondían con el deterioro que finalmente atravesó.

“La empresa no venía trabajando en crisis o con algún problema económico, sino que era una mala administración”, afirmó Báez, quien recordó que el sindicato y otros actores habían planteado alternativas para intentar evitar el cierre.

Tras los despidos, los trabajadores quedaron sin indemnizaciones y con salarios pendientes. El Soimp asumió el acompañamiento legal de los afectados y organizó asistencia para algunas de las familias, incluso mediante una olla popular en un espacio cedido por el municipio.

Báez explicó que las consecuencias del cierre obligaron a los operarios a buscar alternativas para sostener sus ingresos. Algunos jóvenes se trasladaron a Brasil, otros consiguieron trabajo en empresas de Corrientes y quienes superan los 40 o 50 años recurrieron a tareas vinculadas con la cosecha de yerba mate, contó.

Con el final de la zafra, parte de esos trabajadores volvió a quedarse sin una fuente laboral y “hoy están solo con el fondo de desempleo”, describió.

La empresa había sido fundada hace más de dos décadas por Lorenzo junto con Norberto Arhndt y se especializaba en la producción de pallets y servicios logísticos. En su mejor etapa llegó a proveer a compañías como Arcor, Loma Negra y Quilmes. Las dificultades comenzaron en 2024 y se agravaron durante 2025, hasta llegar al cierre definitivo de la planta este año.

Entre los antecedentes financieros del conflicto se encontraban las deudas fiscales reclamadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que superaban los 500 millones de pesos y habían avanzado hacia una instancia de ejecución judicial. También existían obligaciones pendientes con el sindicato vinculadas con servicios sociales.

Además de la incautación de bienes y el bloqueo de sus cuentas, la Justicia intimó a la empresa a entregar libros comerciales y a elaborar informes sobre la situación de cada trabajador, desde los períodos de inicio y finalización de los empleos, así como los salarios adeudados y los créditos generados antes y después del concurso preventivo.