La Cámara de Diputados inició el tratamiento de los proyectos para modificar la Ley de Inocencia Fiscal y reformar la Carta Orgánica del Banco Central, dos iniciativas promovidas por el Poder Ejecutivo que el oficialismo pretende convertir en ley durante agosto.

La Libertad Avanza abrió la discusión en distintos plenarios de comisiones con el objetivo de obtener dictamen la próxima semana y dejar habilitado el tratamiento en el recinto. El 26 de agosto aparece como la fecha con mayores posibilidades para realizar la sesión, aunque algunos sectores todavía mantienen el 19 como alternativa.

En paralelo, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción en el Senado, todavía no tiene una fecha definida para su tratamiento en la Cámara baja.

El proyecto referido a Inocencia Fiscal fue analizado en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, presididas por Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente. Por otra parte, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se discutió en un plenario conjunto de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, esta última encabezada por el diputado Santiago Pauli.

Los cambios propuestos para el régimen de Inocencia Fiscal

La iniciativa busca modificar la ley que estableció un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, luego de que, según la evaluación del Gobierno nacional, el esquema vigente no alcanzara los resultados esperados.

Uno de los principales cambios consiste en eliminar los límites de ingresos y patrimonio establecidos actualmente para ingresar al régimen. En caso de aprobarse la reforma, dejarán de aplicarse los topes de $1000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.

En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostuvo que el objetivo es ampliar la cantidad de contribuyentes que puedan utilizar esta modalidad.

“Se dispone una apertura del universo de contribuyentes que pueden adherir al régimen, permitiendo que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esta modalidad simplificada, democratizando así el acceso a herramientas que facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, argumentó el Gobierno.

Durante el debate en comisión, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Ballestrini, defendió la ampliación y aseguró que el nivel de adhesión registrado hasta el momento justifica extender el régimen.

“Teniendo en cuenta que el nivel de acatamiento al régimen simplificado previsto en el régimen actual fue muy importante, muy significativo, está bien ampliar ese régimen para que pueda haber más cantidad de adhesiones”, sostuvo.

Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz reclamó que los funcionarios de los tres poderes del Estado sean excluidos expresamente del beneficio.

“Mientras (el exvocero Manuel) Adorni daba explicaciones cada vez más contradictorias sobre su patrimonio, ARCA guardaba silencio y el oficialismo rechazaba una herramienta básica para despejar cualquier sospecha. Hoy volvimos a hacer la pregunta que deja muda a la casta mileísta: ¿Por qué decidieron no excluir a los funcionarios públicos del Régimen de Inocencia Fiscal? La transparencia no se simplifica, se garantiza. Agreguen el artículo de exclusión definitiva para todo funcionario público, que seguramente lo va a votar toda la oposición”, sostuvo.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, participaron del plenario para defender la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo. Ambos señalaron que el principal objetivo es consolidar un esquema institucional orientado a reducir la inflación y limitar las interferencias políticas sobre la autoridad monetaria.

“No es sólo la independencia o sólo la prohibición de financiar el Tesoro, sino también funcionarios que son los adecuados para manejar el Banco Central con un objetivo claro, protegidos de las influencias políticas del momento, los que tienen mucha mejor probabilidad de lograr los objetivos de aniquilar eventualmente la inflación”, afirmó Bausili.

El titular de la autoridad monetaria también aseguró que la propuesta sigue lineamientos utilizados en otros países.

“Lo que estamos proponiendo acá existe en la gran mayoría de las Cartas Orgánicas de los bancos centrales de aquellos países que ya fueron exitosos en erradicar la inflación. No estamos trayendo nada como una idea muy revolucionaria, un experimento o un test”, agregó.

La reforma, que el presidente Javier Milei calificó durante una cadena nacional como “una de las más importantes de los últimos 91 años”, apunta a restringir el financiamiento del Estado por parte del Banco Central, redefinir los objetivos institucionales de la entidad, limitar el gasto público y avanzar en la desregulación del mercado de capitales.

Uno de los puntos que permanece abierto a discusión es el mecanismo para remover al presidente y al directorio del Banco Central. El proyecto establece que se necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, aunque durante el debate surgieron propuestas para reemplazar ese requisito por una mayoría absoluta.

Desde la Unión Cívica Radical, el diputado mendocino Lisandro Nieri anticipó el respaldo de su bloque y recordó que en 2022 presentó un proyecto con objetivos similares.

“En 2022 presentamos un proyecto de reforma de la Carta Orgánica, en un sentido similar al que ahora propone el Gobierno. De las muchas reformas estructurales que necesita nuestro país, esta es una de las más importantes”, expresó.

La estrategia parlamentaria del oficialismo

La hoja de ruta para avanzar con ambas reformas comenzó a definirse durante una reunión de la mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y continuó posteriormente con un encuentro entre diputados de La Libertad Avanza y representantes de bloques dialoguistas.

La reunión se llevó adelante en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados y contó con la presencia de Santiago Bausili, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Ballestrini.

También participaron representantes de la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, el MID, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y La Libertad Avanza.

Los reclamos de los bloques dialoguistas

Durante el encuentro, los bloques dialoguistas no sólo escucharon la defensa de las iniciativas del Poder Ejecutivo, sino que también solicitaron que se habilite el tratamiento en comisiones de distintos proyectos propios.

Entre esas propuestas aparecen iniciativas vinculadas al vandalismo rural y al uso agrícola de tierras adyacentes a rutas nacionales, promovidas por los diputados del PRO Martín Ardohain y Javier Sánchez Wrba.

Desde Provincias Unidas, Gisela Scaglia solicitó avanzar con una reforma de la Ley de Estupefacientes para ampliar la intervención de las provincias en las investigaciones relacionadas con el narcomenudeo.

El radicalismo, en tanto, planteó la creación de un régimen de tarifas eléctricas diferenciales para las provincias del Norte Grande y otras regiones que atraviesan temperaturas extremas durante el verano. También propuso modificaciones al sistema de Tax Free para permitir que los turistas extranjeros recuperen el IVA correspondiente a la compra de cualquier tipo de bien.

La UCR además impulsó una reforma del Código Penal destinada a actualizar la legislación frente al uso malicioso de herramientas de inteligencia artificial.

Sobre esta última propuesta, la diputada Pamela Verasay explicó la necesidad de adaptar la normativa a los nuevos escenarios tecnológicos.

“Consideramos que el problema no consiste en la falta o ausencia de normas que ofrezcan protección jurídica específica sino en que el marco jurídico vigente fue concebido para un contexto tecnológico en el cual no existían las posibilidades que hoy ofrecen los sistemas de inteligencia artificial para generar imágenes, voces, documentos o contenidos sintéticos con el grado de realismo, automatización y difusión. En resumidas cuentas, nuestro ordenamiento jurídico necesita actualizarse y adaptarse frente a los nuevos desafíos que trae aparejado el uso de la inteligencia artificial”, sostuvo.