Los legisladores oficialistas y sus bloques aliados decidieron retirar el capítulo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que regulaba la venta de tierras rurales a capitales extranjeros. La marcha atrás de la Casa Rosada se definió durante una cumbre de urgencia liderada por la senadora Patricia Bullrich, con el objetivo de destrabar las negociaciones y garantizar el quorum para la sesión de este jueves en el Senado.

La decisión del oficialismo se aceleró ante la falta de los 37 votos necesarios para sancionar la normativa que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El escenario se complicó definitivamente este miércoles por la mañana, cuando dos gobernadores que suelen mostrarse cercanos a la gestión nacional, el tucumano Osvaldo Jaldo y el neuquino Rolando Figueroa, manifestaron públicamente su rechazo al texto que tocaba la propiedad de la tierra.

El proyecto original buscaba establecer una prohibición enfocada en un actor específico: “para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros”. Sin embargo, la redacción final abría la puerta a un esquema mixto que despertó las alarmas en las provincias, ya que permitía “la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación”.

Las excepciones que trabaron el consenso

El punto más cuestionado por los mandatarios provinciales era el que habilitaba la compra de campos a firmas con participación estatal extranjera. La iniciativa aclaraba que estas operaciones se podían realizar mediante “agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta”.

Para que estas transacciones se hicieran efectivas, el texto del oficialismo exigía que existiera una doble validación política, requiriendo la “autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”. A pesar de este filtro, la resistencia de los gobernadores patagónicos y del norte del país obligó a los senadores aliados a resignar ese apartado para salvar el resto del paquete legislativo que se debatirá en el recinto.