La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó este martes la vigencia de la medida cautelar dictada a favor de las universidades públicas, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional. De esta manera, el Estado deberá continuar con la asignación de las partidas presupuestarias previstas para la actualización salarial y el financiamiento de programas estudiantiles mientras se resuelve el fondo de la causa.

En su resolución, la Cámara determinó que el recurso de apelación presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la ejecución de la medida cautelar quedó abstracto, debido a que el máximo tribunal rechazó el planteo del Estado nacional, eliminando así el único fundamento que sostenía esa suspensión.

Como consecuencia de esa decisión, quedó sin efecto cualquier interrupción en la ejecución de la cautelar y el Estado quedó obligado a disponer los recursos necesarios para actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, además de garantizar la recomposición de las becas estudiantiles.

La Sala III de la Cámara devolvió el expediente al juzgado de primera instancia para que continúe con la ejecución plena de la medida. En consecuencia, la cautelar no podrá ser suspendida mientras se desarrolla el proceso judicial que definirá la cuestión de fondo.

El origen del conflicto

La controversia judicial se inició a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno nacional condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso durante 2025.

La norma había sido vetada inicialmente por el Poder Ejecutivo, aunque posteriormente fue ratificada por ambas cámaras del Congreso tras obtener un amplio respaldo legislativo y luego de las movilizaciones protagonizadas por la comunidad universitaria en todo el país.

La ley establece mecanismos de actualización salarial para docentes y no docentes, además de la recomposición de distintos programas de becas estudiantiles, entre ellos el programa Progresar. Ante la demora en la implementación de esos beneficios, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con los gremios docentes, promovió un amparo colectivo para exigir su cumplimiento.

La decisión de la Corte Suprema

En junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Al rechazar el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo, el máximo tribunal mantuvo vigente la obligación de actualizar los salarios universitarios y recomponer los programas destinados a estudiantes.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes resolvieron el expediente iniciado por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el Decreto 759/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo había intentado suspender la aplicación de los artículos vinculados con la actualización salarial y el financiamiento de becas y programas académicos.

Los fondos acordados y el debate presupuestario

La decisión de la Corte llegó semanas después de que el Gobierno nacional acordara la transferencia de recursos a las universidades para otorgar un incremento del 24,33% en los salarios, un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas destinadas a hospitales universitarios hasta alcanzar los 50.000 millones de pesos.

Según habían explicado en ese momento desde la comunidad universitaria, esa propuesta implicaba elevar el presupuesto destinado a las universidades nacionales del 0,5% al 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, la Ley de Financiamiento Universitario vigente establece un piso equivalente al 0,75% del PBI.

Con esta nueva resolución, la medida cautelar que garantiza la actualización salarial y la recomposición de las becas continuará vigente mientras la Justicia avanza hacia una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad y aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya resolución de fondo volverá a tramitar en primera instancia.