En cumplimiento del mandato establecido en el artículo 116, inciso 4, de la Constitución de Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua elevó este 31 de julio a la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio financiero 2027.

La iniciativa contempla un presupuesto total de $5.206.134.722.000 y, según destacó el mandatario en la nota de elevación enviada a la Legislatura, reafirma el compromiso del Gobierno provincial con la inversión social y el desarrollo económico.

El proyecto prevé que el 63% de las asignaciones se destinen a inversión social, con el objetivo de fortalecer la educación pública, garantizar el acceso a la salud en todo el territorio provincial y consolidar las redes de contención para los sectores más vulnerables. En tanto, el 14% de los recursos será destinado al desarrollo de la economía, impulsado principalmente por la reactivación de obras.

En el mensaje dirigido a la Cámara de Representantes, Passalacqua sostuvo que el presupuesto fue elaborado en un contexto marcado por la sostenida ausencia del Estado nacional y la reducción de partidas y fondos destinados a las provincias, un proceso que, según indicó, comenzó en 2024 y se profundizó en los ejercicios posteriores.

En ese sentido, señaló que la interrupción del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la desarticulación de programas sanitarios esenciales —entre ellos el Programa Remediar, que quedó sin financiamiento para el próximo ejercicio—, la eliminación del fondo compensador del transporte, el abandono del financiamiento de la infraestructura vial federal mediante el debilitamiento de la Dirección Nacional de Vialidad y la reducción de los fondos enviados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para sostener las cajas previsionales provinciales generaron una mayor carga financiera y operativa para Misiones.

El gobernador afirmó que ese desfinanciamiento sistemático obligó a la provincia a afrontar con recursos propios las demandas básicas de la comunidad para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Asimismo, el documento sostiene que la provincia enfrenta una coyuntura macroeconómica adversa para las economías regionales, producto de la desregulación de mercados, la apertura de importaciones y el retraso cambiario, factores que, según el Ejecutivo, afectan al entramado productivo, a las empresas exportadoras —consideradas pilares de la economía misionera— y al comercio fronterizo.